El fugado expresident catalán vuelve a tensar la cuerda institucional al reclamar al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de su orden de detención y la aplicación forzosa de la polémica ley de amnistía.
El separatismo acelera su pulso contra la Justicia española
Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia desde 2017 por el referéndum ilegal del 1-O, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que exige que se le aplique de inmediato la controvertida Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía, forzada por el Gobierno de Pedro Sánchez como moneda de cambio para mantenerse en La Moncloa.
Pero Puigdemont no se conforma con el trámite habitual: ha solicitado, además, medidas cautelarísimas que obligarían al Constitucional a suspender ya la orden de detención nacional dictada por el juez del Supremo Pablo Llarena. Es decir, busca allanar el camino para regresar a España sin enfrentar a la justicia, apelando a una ley cuya legitimidad sigue siendo objeto de crítica dentro y fuera del país.
La estrategia del “resistido” y el desafío al Poder Judicial
La defensa, liderada por el polémico abogado Gonzalo Boye, sostiene que la orden de detención “carece de respaldo legal” y acusa al Tribunal Supremo de protagonizar una “estrategia de resistencia judicial” contra una norma que, según ellos, ha sido “avalada” por el TC.
“La jurisdicción ordinaria no puede neutralizar el efecto jurídico de una ley vigente”, afirma el recurso, ignorando que el Supremo ya ha denegado en firme aplicar la amnistía al delito de malversación de fondos públicos, por el cual Puigdemont sigue reclamado.
¿Separación de poderes o chantaje institucional?
El mensaje de fondo es alarmante: el separatismo catalán no acepta el criterio de los jueces, y presiona al Constitucional para que actúe como escudo de su impunidad. Una vez más, las instituciones del Estado se ven forzadas a responder ante las maniobras de quien se negó a asumir responsabilidades por romper el orden constitucional.
Mientras tanto, Bruselas observa con recelo. La Comisión Europea ya ha cuestionado si la amnistía protege intereses generales o sirve a pactos políticos, y el asunto está en manos del Tribunal de Justicia de la UE, que podría frenar los efectos de la ley en términos europeos.
¿Regreso sin justicia?
Si el Constitucional cede y levanta la orden de arresto, Puigdemont podría volver a España libre de cargos, reforzado políticamente y blindado por un tribunal que habría cedido ante la presión política. Si no lo hace, el conflicto entre poderes se profundizará, confirmando que el caso no es jurídico, sino abiertamente político.
¿Está el Tribunal Constitucional al servicio de la ley… o de quienes quieren desactivarla desde dentro? ¿Es Puigdemont un perseguido político o el símbolo de una impunidad institucional legitimada por el sanchismo?
