Nuevos documentos filtrados revelan la existencia de un plan diseñado desde las cloacas del PSOE para atacar y desacreditar a altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La estrategia, según dichas pruebas, consistía en acusar falsamente a estos mandos de frecuentar prostíbulos próximos al estadio Santiago Bernabéu y de recibir sobornos de empresarios vinculados a dichos locales.
La maniobra, orquestada en 2025, tenía un objetivo claro: minar la credibilidad de la UCO en un momento en que sus investigaciones empezaban a acercarse peligrosamente a círculos políticos y empresariales muy próximos al poder.
Desestabilización mediante rumores y miedo
El plan contemplaba la manipulación de información sensible y la amenaza de testimonios fabricados o sesgados, incluido el de un supuesto propietario de uno de estos prostíbulos, cuya declaración podía ser utilizada para manchar la imagen de los agentes. Según las filtraciones, estas amenazas se utilizarían como palanca para forzar dimisiones y frenar investigaciones incómodas.
Sin embargo, el verdadero objetivo tras esta campaña no era únicamente la UCO. Las revelaciones señalan que la operación buscaba, en última instancia, desviar el foco mediático y judicial de un asunto mucho más comprometedor: los negocios de la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.
La sombra de Ferraz y el miedo a un golpe interno
Tras la imputación de Begoña Gómez en 2024, el nerviosismo creció en el entorno presidencial. Según las fuentes, se temía que figuras históricas del partido, como José Luis Rodríguez Zapatero o José Blanco, pudieran aprovechar la situación para debilitar a Sánchez, usando esta clase de material como arma política.
En respuesta, se habrían convocado reuniones urgentes en la sede de Ferraz para diseñar una estrategia de control de daños que incluyera operaciones de intoxicación informativa contra fuerzas de seguridad y filtraciones cuidadosamente dirigidas para moldear la opinión pública.
Un patrón que erosiona la confianza en las instituciones
Este nuevo episodio se suma a una larga lista de acusaciones sobre el uso partidista de recursos e información, que socava la confianza ciudadana en las instituciones y en la independencia de los cuerpos de seguridad. La presunta implicación de actores políticos en campañas de difamación contra servidores públicos no solo debilita el sistema democrático, sino que deja en entredicho el compromiso real del Ejecutivo con la transparencia.
Reflexión final:
Si se confirman estas informaciones, estaríamos ante un caso gravísimo de instrumentalización política de la difamación y el chantaje, con el objetivo de blindar intereses personales y de partido. Este tipo de prácticas no solo pone en riesgo la estabilidad institucional, sino que crea un clima de miedo que paraliza la labor de quienes deberían velar por la legalidad. En una democracia sana, el poder político debe rendir cuentas, no manipular los hilos en la sombra para salvar su imagen.
