El Tribunal de Garantía de Aysén decretó prisión preventiva para un cabo del Ejército y un civil implicados en un caso de tráfico de drogas en Puerto Aysén, Región de Aysén en Chile. Otros dos militares involucrados quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional, tras ser sorprendidos retirando una encomienda que contenía más de 11 kilos de cannabis.
El operativo fue llevado a cabo por la Brigada Antinarcóticos de la PDI y la Fiscalía Occidente, que interceptaron la encomienda en una sucursal de Chilexpress. La IV División del Ejército confirmó la detención de tres de sus integrantes, rechazando cualquier vínculo con actividades ilícitas y asegurando “plena colaboración con las autoridades competentes”.
Este caso se suma a otras investigaciones recientes que involucran a funcionarios de las Fuerzas Armadas en delitos de narcotráfico, levantando preocupación sobre la penetración del crimen organizado en instituciones clave del Estado chileno.
Chile vs Venezuela: dos realidades del narcotráfico
El narcotráfico en Chile ha tenido históricamente un carácter periférico, vinculado principalmente al tránsito y distribución de drogas, con una fuerte presencia de bandas locales y carteles internacionales que utilizan el país como corredor logístico. Sin embargo, los últimos años han mostrado un preocupante avance: mayor violencia, aumento de homicidios y la infiltración en instituciones como las Fuerzas Armadas y la policía. El caso de Puerto Aysén es un reflejo de esta creciente vulnerabilidad.
En Venezuela, en cambio, el narcotráfico se encuentra mucho más arraigado en las estructuras del poder político y militar. Diversos informes internacionales han señalado la existencia del llamado “Cartel de los Soles”, una red conformada por altos mandos militares y funcionarios del Estado que habría facilitado durante décadas el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Mientras en Chile los casos aún se investigan en instancias judiciales y generan escándalo público inmediato, en Venezuela el narcotráfico está señalado como un elemento estructural del régimen de Nicolás Maduro, con acusaciones formales en cortes internacionales.
La comparación es inquietante: aunque Chile está lejos de un escenario de narcoestado como el venezolano, la participación de militares en actividades de tráfico abre una alerta. La frontera entre casos aislados y la consolidación de redes institucionalizadas de crimen organizado es frágil si no se actúa con rapidez y firmeza.
El desafío para Chile es enorme, mantener la solidez de sus instituciones frente a un narcotráfico cada vez más sofisticado. La transparencia en las investigaciones y las sanciones ejemplares son clave para impedir que el país siga el camino de naciones donde el crimen se convirtió en parte del sistema político y militar. Venezuela es un espejo de lo que ocurre cuando las instituciones permiten que el narcotráfico se infiltre hasta el núcleo del poder.
