La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado que mantiene una «investigación activa» sobre el príncipe Andrés por su presunta implicación en el uso indebido de recursos públicos. Según informaciones filtradas recientemente, el hijo de la difunta reina Isabel II habría utilizado a su escolta policial, financiada por el erario británico, para rastrear datos personales de Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual siendo menor de edad.
Los documentos revelados muestran que el príncipe habría solicitado a uno de sus oficiales de seguridad que recabara información sobre Giuffre, incluyendo datos sensibles como su número de seguridad social estadounidense y su fecha de nacimiento. Esta actuación, de confirmarse, podría constituir una grave violación legal tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.
El escándalo ha salpicado directamente al entorno del Palacio de Buckingham. Según las fuentes, el oficial habría comunicado posteriormente sus averiguaciones a Ed Perkins, quien entonces ocupaba el cargo de subsecretario de prensa de la Casa Real británica. La gravedad del caso radica no sólo en la posible actuación ilegal del príncipe, sino también en el uso de recursos públicos para fines personales y en la gestión de la información por parte del personal de la realeza.
Desde Scotland Yard han asegurado estar al tanto de las informaciones publicadas por los medios y han confirmado que el caso está siendo investigado con carácter prioritario. Las autoridades evalúan si hubo malversación de fondos públicos, violación de la privacidad y uso indebido de información confidencial.
A nivel político, la reacción no se ha hecho esperar. El secretario de Energía del Gobierno laborista, Ed Miliband, calificó las revelaciones como “profundamente preocupantes” y advirtió que “no es de ninguna manera aceptable que agentes de protección personal sean utilizados con fines privados”.
El caso se suma a la larga lista de controversias que han empañado la figura del príncipe Andrés en los últimos años. Aunque fue apartado de sus funciones oficiales, el nuevo escándalo amenaza con reavivar el debate sobre la responsabilidad institucional de la monarquía y el uso de fondos públicos por parte de sus miembros. La investigación continúa y podría tener repercusiones legales y diplomáticas, especialmente si se confirma la filtración de datos en territorio estadounidense.
