La propietaria coruñesa logra desalojar a una inquiokupa marroquí tras años de batalla judicial. El piso quedó en ruinas. Servicios Sociales, silenciosos. El Estado, ausente.
Cinco años de impotencia y abuso amparados por la ley
Pilar Pérez, vecina de Pontedeume, ha logrado este miércoles recuperar su vivienda de A Coruña tras cinco años secuestrada por una inquiokupa que dejó la casa en estado ruinoso. La mujer, visiblemente emocionada, ingresó al piso en la calle Eusebio da Guarda entre lágrimas, acompañada de su familia y del cerrajero que abrió la puerta. Lo que se encontró fue desolador.
“Esto parece una cuadra. Creo que si metes cerdos aquí, se mueren”, dijo Pilar. El panorama: moho en las paredes, el gas abierto, muebles quemados o rotos, basura y ropa tirada por todas partes.
Un infierno legal amparado por el Real Decreto-ley 11/2020
La pesadilla de Pilar comenzó tras el fallecimiento de su marido en 2020. Él había reformado el piso con cariño y lo alquilaron por 370 euros mensuales. Poco después, la inquilina —de origen marroquí— dejó de pagar. Durante la pandemia, Pilar intentó dialogar, incluso ofreciendo alternativas, pero la inquilina jugó su carta más eficaz: declararse “vulnerable” y acogerse al polémico Real Decreto-ley 11/2020, que impide desahuciar a personas en dicha condición.
“Llegó a decirme que el contrato era con mi marido, y que a mí no me debía nada. Me embargaron parte de mi pensión para pagar sus facturas”, relató Pilar, con impotencia.
Servicios Sociales permitió que viviera así… con una menor
Además de la evidente negligencia institucional, Pilar subraya lo más grave: la okupante convivía con su hija menor en estas condiciones insalubres. “No sé cómo Servicios Sociales permitió esto”, se lamentó. El caso pone una vez más en evidencia el vacío de control y responsabilidad del Estado frente a estos dramas cotidianos.
Denuncia penal por daños y coacciones
A pesar del dolor, Pilar no se queda de brazos cruzados. Su abogado, Xaime Da Pena, anunció que interpondrá una denuncia penal por daños en la vivienda y por coacciones, ya que la inquilina llegó a pedir dinero para abandonar el piso y amenazó personalmente a la propietaria.
“El piso estaba recién reformado. Esto no es un daño menor, es un caso con ánimo doloso. Vamos a por la vía penal”, afirmó Da Pena, cuya gestión legal ha sido clave para reabrir el caso, desbloquear el desahucio y proteger los derechos de la víctima.
El letrado también denunció que, pese a que hay una deuda de más de 22000 euros en impagos, la inquilina probablemente se declarará insolvente, evitando toda responsabilidad económica.
Pilar: “No volveré a alquilar nunca más”
Desgastada emocionalmente y con la vivienda destrozada, Pilar ha decidido vender la propiedad y comprarse otro piso cerca de sus hijos. Antes, celebrará con su familia: “Desde la sentencia en mayo he adelgazado muchísimo. Han sido meses de terror”. Ya instaló una alarma privada para evitar nuevas okupaciones.
¿Hasta cuándo se va a seguir permitiendo que los propietarios vivan con miedo mientras los okupas se amparan en una legislación diseñada para proteger al que abusa del sistema?
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