El presidente José Jerí anuncia movilización militar y controles extremos en Tacna tras una ola migratoria desde Chile, principalmente de venezolanos. La medida busca frenar lo que el Gobierno califica de “flujo descontrolado” de migrantes.
Jerí moviliza al Estado: militarización y restricción del paso
El Ejecutivo peruano ha decidido decretar un estado de emergencia en la frontera sur con Chile, en particular en la región de Tacna, con el objetivo de contener lo que califica como una crisis migratoria. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el presidente Jerí defendió la decisión asegurando que la medida “garantizará la tranquilidad ante el riesgo de ingresos masivos sin autorización”.
La acción incluye el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, refuerzo de controles migratorios y patrullaje fronterizo en puntos críticos; según el decreto, regirá durante 60 días en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada‑Los Palos. Las autoridades han justificado la decisión ante un flujo creciente de migrantes —especialmente venezolanos— que intentan entrar al país tras los anuncios de políticas restrictivas en Chile.
Cientos de migrantes varados en la frontera y temor de “efecto llamada”
La tensión aumentó cuando decenas de migrantes —muchos con niños— quedaron atrapados en la zona fronteriza, sin poder avanzar hacia Perú ni regresar fácilmente a Chile. Según reportes oficiales, al menos 100 extranjeros estaban intentando cruzar irregularmente, lo que generó presión institucional. Las autoridades peruanas señalan que no pueden permitir una “entrada masiva e incontrolada” bajo riesgo de desbordar los servicios estatales.
El anuncio llega en medio del auge de la retórica migratoria en Chile, donde un candidato presidencial de derecha ha instado a expulsar extranjeros indocumentados, generando un éxodo de personas que buscan entrar a Perú como alternativa. Muchas de ellas quedaron varadas en el límite entre ambos países, lo que precipitó la respuesta de Lima.
Medida polémica que mezcla control migratorio, seguridad y crisis humanitaria
La decisión del Gobierno peruano no es solo una cuestión administrativa. Implica graves restricciones a la libertad de tránsito, movilización de fuerzas armadas y un endurecimiento de la política migratoria. Las autoridades justifican la medida como una defensa de la soberanía nacional y la seguridad ciudadana.
Pero surge una realidad inevitable: miles de migrantes quedan atrapados entre dos países, en un limbo jurídico y humanitario. El control estricto puede evitar el ingreso irregular —ese es el discurso oficial—, pero también deja en evidencia la insuficiente planificación para manejar crisis migratorias y el impacto social que esto puede tener.
¿Quién paga el costo de la crisis?
Mientras el gobierno de Perú se blinda, las víctimas reales son los migrantes —y el propio tejido social latinoamericano—. Personas vulnerables, desplazadas por crisis económicas y políticas, pagan el precio de decisiones políticas impulsadas por el miedo, las elecciones y la presión demográfica.
El cierre de fronteras, la militarización y los controles masivos pueden contener flujos, pero no resuelven las causas profundas del éxodo: hambre, inestabilidad, colapso económico. Y tampoco garantizan un trato digno o seguro a quienes buscan refugio.
