En plena tormenta por el escándalo de corrupción que sacude a la SEPI y al PSOE, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, intenta lavarse las manos respecto a Vicente Fernández Guerrero, el que fuera su protegido y nombrado directamente por ella al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Fernández está siendo investigado por su implicación en el cobro de comisiones ilegales junto a Leire Díez, otra dirigente socialista caída en desgracia.
Montero dice no saber nada: “Hace seis años que no hablo con él”
A pesar de haberlo reclutado personalmente y de haber contado con él en su equipo andaluz, Montero ahora afirma que “perdió el contacto” con Fernández hace más de seis años, y que su “devenir” le parece “sorprendente”. Lo cierto es que Vicente Fernández tuvo una larga carrera en la Junta de Andalucía, donde fue interventor general y secretario general de Industria, y fue promovido a la SEPI por decisión directa de Montero.
“Sobre el papel tenía un currículum inmejorable”, aseguró en una entrevista en la SER, mientras trataba de desmarcarse del escándalo que ya salpica a varios ministerios del Gobierno de Sánchez.
Los hechos investigados… ¿ocurrieron después de su mandato?
Según Montero, los presuntos delitos de Fernández —tráfico de influencias, malversación y cobro de comisiones por contratos amañados— se produjeron dos años después de dejar la SEPI y cuando pidió compatibilidad para trabajar con Servinabar, la empresa ligada a Santos Cerdán y Antxon Alonso, epicentro de la trama corrupta.
La ministra matiza que durante su mandato “no se investiga ningún hecho delictivo”, pero la conexión política y de confianza entre ambos es innegable. De hecho, Fernández también se vinculó con un despacho de abogados de Sevilla que llevó la acusación contra el PP en el caso de los ERE.
«Todo es un despropósito»: Montero trata de salvar su imagen
“Me parece todo un despropósito”, repitió Montero, en un intento desesperado por evitar responsabilidades políticas en una trama que sigue subiendo de nivel. Recordó que su intención fue “dar visibilidad a los andaluces en Madrid”, pero la realidad muestra que varios de sus fichajes están ahora imputados o bajo investigación judicial.
Mientras la Audiencia Nacional estrecha el cerco sobre Fernández, Leire Díez y su red de influencias en Ministerios clave como Hacienda o Transición Ecológica, el discurso de Montero suena a maniobra de distracción.
¿Desconocimiento real o encubrimiento político?
Las palabras de Montero parecen más una estrategia de “yo no fui” que una explicación creíble. El hecho de que quien nombró al principal imputado de la SEPI ahora diga que no sabe nada, refuerza la sospecha de que el PSOE intenta desligarse de una red que, hasta hace poco, era suya.
