La Ley de Eficiencia Procesal complica los cobros: los autónomos deben probar que intentaron acuerdos antes de demandar
Desde abril de 2025, los autónomos y micropymes que enfrenten impagos ya no pueden presentar directamente una demanda judicial. La recién implementada Ley de Eficiencia Procesal exige demostrar previamente un intento documentado de acuerdo con el deudor. Aunque la norma fue diseñada para descongestionar los tribunales, ha tenido un efecto devastador para los pequeños empresarios.
Un proceso más costoso, lento e incierto
Lo que antes era un trámite sencillo, ahora se ha transformado en un laberinto burocrático. Para reclamar una factura impagada, el autónomo debe enviar burofaxes, asumir nuevos costes, y documentar de forma verificable que existió una voluntad real de negociar con el moroso. Este paso previo es obligatorio y sancionable si no se cumple.
“Se ha vaciado de contenido el procedimiento monitorio”, denuncia Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Y es que en dos de cada tres casos el deudor ni siquiera contesta, según afirman expertos legales.
Una ley que beneficia al moroso
Los expertos alertan sobre un nuevo fenómeno: la morosidad estratégica. Muchos deudores aprovechan el nuevo marco legal para demorar aún más los pagos. El sistema es ahora más caro, lento y difuso, lo que disuade a muchos autónomos de iniciar acciones legales por miedo a costes judiciales o represalias comerciales.
“Nos obligan a aceptar acuerdos desfavorables, alargar plazos o incluso renunciar a los intereses de demora. No es una negociación, es una rendición encubierta”, afirma Cañete.
Inseguridad jurídica y más impunidad
La propia mecánica de la ley introduce una profunda inseguridad jurídica. Si el moroso ignora el intento de acuerdo, el autónomo debe esperar 30 días antes de poder presentar una demanda y, aun así, probar que intentó contactar. “¿Cómo se demuestra que el otro ignoró la propuesta?”, se pregunta Cañete.
A esto se suma que muchos autónomos carecen de apoyo legal o departamentos jurídicos, lo que los coloca en desventaja frente a empresas más grandes o clientes públicos.
Consecuencias: más morosidad y menos liquidez
La ley puede ser un golpe mortal para la liquidez de miles de autónomos y pequeñas empresas. Mientras esperan cobrar, deben seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales, pagar proveedores y mantener su actividad.
Los analistas alertan de un riesgo real de colapso financiero para muchos profesionales, especialmente en sectores donde los impagos son frecuentes. La cultura de cumplimiento se ve erosionada, y la ley, lejos de resolver el problema, podría estar institucionalizando la impunidad del moroso.
