La magistrada del Juzgado de Instrucción n.º 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha tumbado los tres últimos intentos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de frenar la causa penal por fraude fiscal y falsedad documental. Según la jueza, el acusado ha usado durante más de un año «estrategias dilatorias» para evitar declarar y obstaculizar el proceso judicial.
Un muro judicial ante los retrasos
La jueza ha sido tajante: no hay más margen para maniobras procesales. Asegura que ya existen 1 500 pruebas incorporadas a la causa, y que la intención de González Amador de presentarse a declarar ahora carece de valor tras haber bloqueado su propia comparecencia en repetidas ocasiones.
Los tres recursos rechazados en julio buscaban evitar que se fijara fecha para la vista oral, con el objetivo de retrasar indefinidamente un juicio que apunta directamente a la pareja de la presidenta madrileña.
Un caso con fondo explosivo
González Amador está acusado de dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. La Fiscalía pide 3 años y 9 meses de prisión, además de una multa de 490 000 euros. Se le imputa el uso de 15 facturas falsas para defraudar a Hacienda entre 2020 y 2021.
A esta causa se suma otra vía judicial abierta en la Audiencia Provincial por corrupción en los negocios y administración desleal, vinculada a la presunta compra de participaciones en una empresa sin actividad por 500 000 euros, adquirida poco antes por tan solo 8 000 euros.
Una estrategia fallida
Desde el inicio, la defensa ha buscado dilatar el proceso con recusaciones, aplazamientos y recursos formales. Pero la jueza Iglesias ha cerrado el paso a esa estrategia y ha dejado claro que los hechos ya están suficientemente documentados para avanzar sin más dilaciones.
La justicia ha marcado un límite claro: no hay impunidad ni privilegios procesales, ni siquiera para quienes están cerca del poder. Si las pruebas son firmes, el juicio debe celebrarse. Y si hay responsabilidades, deben asumirse ante la ley como cualquier ciudadano.
