La justicia española endurece su postura ante los ciberataques. Autónomos y pymes que no informen a clientes o proveedores tras sufrir una brecha de seguridad se enfrentan a sanciones millonarias y posibles responsabilidades civiles o penales, en un contexto donde los negocios digitales están en pleno crecimiento.
El auge de los ciberataques y el riesgo para los negocios
Los ciberataques no solo no disminuyen, sino que siguen en aumento. Con el crecimiento acelerado de los negocios digitales y del comercio online, las pymes y los autónomos se han convertido en objetivos cada vez más frecuentes de la ciberdelincuencia.
Un error común es creer que los ataques solo afectan a grandes empresas, cuando en realidad cualquier negocio, por pequeño que sea, puede ser víctima. La diferencia está en que muchas pymes carecen de protocolos de seguridad sólidos, lo que agrava su vulnerabilidad.
Obligación legal: actuar con rapidez y transparencia
La normativa exige que, ante una brecha de seguridad, el negocio actúe con rapidez y diligencia:
- Informar a clientes y proveedores afectados.
- Adoptar medidas inmediatas para contener el ataque.
- Mitigar los efectos del fraude y las filtraciones.
Una respuesta tardía o deficiente puede no solo aumentar el daño reputacional, sino derivar en fuertes sanciones económicas.
La jurisprudencia del Supremo
En una sentencia reciente (STS 136/2025), el Tribunal Supremo condenó a una empresa como responsable civil subsidiaria por no intentar frenar un ciberataque que afectó a otra empresa con la que colaboraba.
El alto tribunal determinó que la compañía incumplió su deber profesional y que su omisión facilitó el fraude. La indemnización obligatoria ascendió a varios miles de euros, equivalente al importe estafado.
Posibles sanciones y consecuencias
Los expertos de AGM Abogados advierten de que el impacto legal de una brecha de seguridad puede ser múltiple:
- Sanciones millonarias por no alertar a clientes o proveedores.
- Responsabilidad civil subsidiaria si no se adoptaron medidas de seguridad adecuadas.
- Consecuencias penales, si la filtración incluye datos personales sensibles o descargas de software pirata.
- Daños reputacionales, que pueden ser irreparables para pequeños negocios.
El Código Penal (art. 120.3) establece que las empresas son responsables de los delitos cometidos en sus sistemas si estos se producen por falta de medidas adecuadas de protección.
Expertos: el sistema informático es parte del negocio
La abogada Vanesa Alarcón Caparrós subraya que el sistema informático debe considerarse como parte del establecimiento empresarial. Por tanto, si un fallo de seguridad causa perjuicios a terceros, la empresa será responsable:
“Dependerá de las circunstancias, pero si el autónomo no disponía de medidas de seguridad adecuadas y eso provocó un daño en terceros, sí, podría ser responsable civilmente”.
En plena era digital, ignorar la ciberseguridad ya no es una opción. La supervivencia de pymes y autónomos depende de su capacidad para blindarse ante ciberataques y, sobre todo, de cumplir con la normativa de transparencia e información inmediata a los afectados.
El coste de no hacerlo puede ir más allá de una multa: poner en juego la confianza de clientes y el futuro del negocio.
