Una crisis humanitaria inminente
El eco de la desesperación resuena en los mensajes que recibe María, activista de la ONG Netwomening. Mujeres afganas están siendo deportadas a Afganistán desde Irán y Pakistán; según datos de Naciones Unidas, en 2025 casi dos millones de personas han regresado a su país en condiciones de extrema vulnerabilidad. La violencia de los talibanes contra mujeres y activistas sigue siendo una constante, lo que convierte cada deportación en una sentencia de riesgo.
Desesperación y esperas interminables
Cientos de mujeres, muchas de ellas viudas y con hijos a su cargo, denuncian situaciones de acoso, persecución y amenazas mientras esperan ser reconocidas como refugiadas. Sin embargo, los trámites de protección internacional se alargan durante años: en algunos casos, más de cuatro. La falta de respuestas concretas por parte de embajadas y consulados europeos, incluida España, incrementa la desesperanza. Esta lentitud administrativa permite que muchas sean deportadas de manera forzada, devolviéndolas a un contexto donde la represión y el temor son cotidianos.
Represión y amnistía fallida
El régimen talibán ha proclamado en diversas ocasiones una supuesta “amnistía general”, pero los hechos desmienten ese discurso. Organismos internacionales como Amnistía Internacional han alertado sobre torturas, detenciones arbitrarias y un auténtico apartheid de género que expulsa a las mujeres de la vida pública, prohibiéndoles estudiar, trabajar y hasta transitar libremente por las calles sin supervisión masculina. La violencia física y psicológica es constante, y cada deportación aumenta el número de mujeres expuestas a estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Responsabilidad comunitaria
Ante esta situación, se impone una reflexión colectiva. La comunidad internacional, y particularmente países como España que han mantenido vínculos históricos en materia de cooperación, deben analizar su responsabilidad y reforzar los mecanismos de protección. Cada día que pasa, la crisis humanitaria se agrava con nuevas deportaciones. La inacción política deja a miles de mujeres atrapadas en un limbo legal y moral, condenadas a vivir bajo el miedo.
