Una red de poder dentro del Ministerio de Hacienda compartía información fiscal reservada y protegida con Cristóbal Montoro, beneficiando a su entorno y a empresas cercanas.
Una trama de Estado bajo los gobiernos del PP
La Fiscalía Anticorrupción ha destapado una de las maniobras más graves de instrumentalización institucional en España: el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, utilizó su influencia para acceder a información confidencial sobre adversarios políticos, periodistas críticos y figuras públicas. Los datos procedían directamente de la Agencia Tributaria, violando la legalidad y comprometiendo la independencia del sistema fiscal.
Entre los espiados destacan nombres como Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre, Luis Bárcenas, Rafa Nadal, Carmen Thyssen, e incluso inspectores judiciales implicados en casos como Gürtel, Caja B del PP o los Pujol.
Correos comprometedores y tráfico de influencias
La investigación judicial incluye correos electrónicos en los que altos cargos como Santiago Menéndez, exdirector de la AEAT, informaban directamente a Montoro y a su jefe de gabinete sobre inspecciones fiscales en curso. Las comunicaciones eran tan detalladas que incluían datos fiscales personales, actas de conformidad y estrategias judiciales confidenciales.
Uno de los correos revela cómo se trasladó información fiscal de Vértice 360 y su relación con Josep Piqué al entorno del ministro, mucho antes de que la documentación llegara a sede judicial. En otro caso, se reportó al despacho del ministro un informe confidencial sobre el caso Canal de Isabel II, justo tras la detención de Ignacio González.
El nexo con Equipo Económico
Varios de los nombres implicados están directamente vinculados al despacho Equipo Económico, fundado por Montoro y donde su hermano ejercía como alto ejecutivo. El bufete está siendo investigado por intermediar con empresas para lograr ventajas fiscales mediante reformas legislativas diseñadas a medida desde el propio Ministerio.
Este puente entre Hacienda y la consultora privada sugiere una trama de colusión institucional que benefició a empresas y actores bien posicionados a cambio de dinero.
Silencios, encubrimientos y presión desde dentro
Los correos también reflejan una actitud intimidatoria hacia los propios inspectores de Hacienda. En uno de ellos, el director de la AEAT exige explicaciones por la filtración de un informe a la prensa sin su consentimiento: “Estoy francamente muy molesto. Lo he advertido demasiadas veces”. El mensaje fue enviado con copia oculta al gabinete de Montoro, dejando claro el control y el interés político sobre las investigaciones.
La Fiscalía quiso actuar, pero fue frenada
La fiscal Carmen García Cerdán propuso profundizar en los correos para determinar responsabilidades penales por revelación de secretos. Sin embargo, su jefatura se negó, obligándola a convocar una junta de fiscales que finalmente desestimó seguir investigando. Ahora, será el Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona quien decida si se permite la personación de afectados.
Reacción de Montoro y estrategia política
El exministro ha calificado su imputación como “infundada y coincidente con escándalos reales del actual Gobierno”, intentando desviar la atención hacia la izquierda. Sin embargo, su baja del Partido Popular, comunicada tras conocerse su procesamiento, evidencia la gravedad política del caso.
Desde Génova se asegura que Montoro no tiene relación alguna con el equipo de Feijóo, y se activó un expediente informativo ya suspendido tras su salida voluntaria del partido.
¿Caso aislado o red estructural?
El caso Montoro revela mucho más que una imprudencia personal. Pone en evidencia una red institucional paralela que usó información confidencial del Estado con fines políticos, personales y económicos. El uso partidista de Hacienda bajo gobiernos anteriores debería activar todas las alarmas democráticas.
¿Estamos ante el mayor escándalo de abuso de poder fiscal de la democracia española? ¿Quién más sabía y por qué se silenció tanto tiempo?
