La Justicia española se enfrenta a un nuevo terremoto político y judicial: el juez que investiga al exministro del PP, Cristóbal Montoro, mantuvo la causa bajo secreto durante casi una década, lo que podría derivar en la nulidad del caso.
El secreto judicial más largo de la democracia
La instrucción del “Caso Montoro” se tambalea por una anomalía sin precedentes: 82 prórrogas consecutivas del secreto de sumario entre 2018 y 2025. Así lo denuncia un informe de Libertad Digital, donde fuentes jurídicas califican el procedimiento como “una violación flagrante del derecho a la defensa”.
El magistrado Rubén Rus, titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona, investiga a Montoro por supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y corrupción en los negocios. Todo ello por beneficiar, presuntamente desde el Gobierno, a clientes del despacho Equipo Económico (EE), fundado por él antes de asumir el Ministerio de Hacienda.
“Una barbaridad jurídica”
Los expertos consultados afirman que es “inaudito” mantener bajo secreto una causa durante 7 años, sin acceso para las defensas, ni posibilidad de pedir diligencias o impugnar pruebas. El artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal limita el secreto de sumario a 1 mes prorrogable, y solo en circunstancias excepcionales.
Este error procesal grave podría conllevar la nulidad de todas las actuaciones, como ya solicitan las defensas ante la Audiencia Provincial de Tarragona.
El caso amenaza con hundirse antes de llegar a juicio
Entre las pruebas bajo sospecha figuran correos electrónicos clave, encontrados inicialmente en otra investigación (Messer Ibérica). Según el equipo legal de Montoro, se incorporaron de forma irregular al nuevo proceso, sin autorización judicial explícita. Alegan que se vulneró su derecho al juez predeterminado por ley.
Además, se autorizó la intervención telefónica durante 42 días a cuatro implicados, generando más de 5 400 registros de llamadas y mensajes. La Fiscalía se opuso a su uso como prueba, pero el juez las mantuvo en el procedimiento.
La fiscal, sancionada por desobedecer a Anticorrupción
El caos se agrava: la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, ha sido sancionada por el Tribunal Supremo con 1 000 euros por desobedecer reiteradamente a su superior, Alejandro Luzón, jefe de Anticorrupción. García insistió en practicar diligencias que le habían sido denegadas, incluso presionando a los Mossos d’Esquadra por vía telefónica.
La defensa de Montoro: “Una caza política”
El propio Cristóbal Montoro ha roto su silencio para denunciar una “investigación arbitraria, contaminada y politizada”. Acusa al actual Gobierno de Sánchez de “reventar al adversario” por vía judicial. El exministro sostiene que no existen pruebas directas que lo involucren y que la instrucción ha sido “fabricada” para desviar la atención de los escándalos de corrupción socialista.
El Gobierno de Sánchez se lava las manos… pero prepara cambios
Mientras tanto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha adelantado que revisará las reformas fiscales impulsadas por Montoro y estudiará anular beneficios a las grandes energéticas favorecidas en aquella época. Una maniobra que huele más a ajuste de cuentas político que a limpieza institucional.
¿Estamos ante una purga judicial encubierta?
El “Caso Montoro” ya no es solo un escándalo político. Podría convertirse en el mayor fracaso judicial de la democracia española si se confirma que años de investigación y recursos públicos han sido malgastados por irregularidades procesales.
¿Es esto justicia… o persecución disfrazada de legalidad?
