La investigación revela que Abengoa y Solaria pagaron a Equipo Económico mientras el Gobierno, con Montoro como ministro, aprobaba cambios regulatorios que las favorecieron directamente.
El caso que sacude el corazón del poder político y empresarial
La consultora Equipo Económico, fundada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, habría recibido casi 6 millones de euros de Abengoa y Solaria entre 2008 y 2017, periodo en el que se aprobaron reformas regulatorias clave que favorecieron los intereses del sector de las renovables. Así lo reflejan los informes de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, entregados al juzgado que instruye el denominado «caso Montoro».
Las sospechas apuntan a un posible intercambio de favores políticos y económicos, con leyes redactadas a medida de los clientes privados de la consultora, en lo que ya se considera uno de los escándalos más graves de corrupción regulatoria en la última década.
Abengoa y Solaria, clientes estrella del despacho de Montoro
De acuerdo con las pesquisas, Abengoa habría abonado 4,4 millones de euros a Equipo Económico por sus “servicios” durante un periodo en el que el Ejecutivo impulsó al menos nueve reformas legislativas que beneficiaron al sector de renovables. Solaria, por su parte, habría pagado 1,7 millones de euros, coincidiendo con decisiones gubernamentales que rebajaron el impacto del llamado “impuesto al sol” y habilitaron ayudas específicas para generación solar.
Ambas compañías obtuvieron ventajas competitivas directas en el reparto de subvenciones, fiscalidad energética y modificaciones en el sistema de primas, gracias a estos cambios normativos.
Los vínculos entre lo público y lo privado
La investigación también destaca que varios socios de Equipo Económico ocuparon simultáneamente cargos en los consejos de administración de estas compañías energéticas, lo que refuerza la hipótesis de un entramado de influencia política empresarial.
Uno de los casos más llamativos fue el del desbloqueo de 2 200 millones de euros desde el Ministerio de Hacienda —entonces dirigido por Montoro—, para compensar las pérdidas del sector renovable tras la reforma de 2012. Esta decisión benefició directamente a los clientes del despacho, que ya habían contratado sus servicios de “asesoría”.
El Estado como herramienta para beneficio privado
La Fiscalía Anticorrupción considera que los hechos podrían constituir delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Montoro —que niega irregularidades— y 27 personas más están siendo investigadas, entre ellos ex altos cargos de Hacienda, ejecutivos del sector eléctrico y responsables de la propia consultora.
El uso del Estado para beneficiar intereses privados no es nuevo, pero el caso Montoro eleva el listón de la impunidad institucionalizada, al revelar cómo se tejía una red de puertas giratorias, pagos estratégicos y reformas a la carta, todo desde la cúspide del poder.
¿Hacia una Gürtel energética?
La dimensión del escándalo hace que muchos ya lo comparen con la trama Gürtel, aunque esta vez el epicentro no son contratos amañados, sino la legislación nacional misma. En palabras del informe judicial:
“Los hechos descritos constituyen una forma de captura del Estado mediante la consultoría, con objetivo directo sobre el diseño de la ley”.
Este escándalo pone de relieve cómo el poder político, cuando no tiene freno institucional ni control ciudadano, puede utilizarse como palanca de enriquecimiento privado. El “caso Montoro” no solo revela corrupción, sino la pérdida de neutralidad en la elaboración de las leyes, un principio básico del Estado de Derecho.
