La renovación del Tribunal Constitucional en diciembre amenaza con desatar una tormenta política y judicial sin precedentes. Todo apunta a que Inmaculada Montalbán, actual vicepresidenta del TC, se postulará para suceder a Cándido Conde-Pumpido en la presidencia. La magistrada granadina no solo fue condecorada por el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán —condenado por el mayor caso de corrupción política en la historia de España, el caso ERE—, sino que además ha firmado dos de las sentencias más polémicas de los últimos años: la que avaló la Ley de Amnistía para los líderes independentistas del procés y la que anuló parcialmente las condenas de los ERE, beneficiando a varios dirigentes socialistas.
Una carrera judicial con fuertes vínculos políticos
En 2011, Montalbán recibió la Medalla de Andalucía de manos de Griñán, en un acto oficial en el que el entonces presidente de la Junta alabó su “trayectoria pionera”. Esta condecoración cobra hoy un significado político evidente: la magistrada ha sido ponente en el recurso de amparo que acabó favoreciendo al propio Griñán.
Su interpretación en el caso de la amnistía ha generado duras críticas: sostuvo que “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”, una visión que expertos en derecho constitucional han calificado como “activismo judicial” y que, para sus detractores, abre la puerta a un uso ilimitado del poder legislativo.
El peso del bloque izquierdista en el Constitucional
El actual TC cuenta con siete magistrados afines a la izquierda frente a cinco conservadores, muchos con vínculos directos con el PSOE:
- María Luisa Balaguer, quien reconoció públicamente su militancia socialista.
- Juan Carlos Campo, exministro de Justicia con Pedro Sánchez.
- Laura Díez, que trabajó como directora general en el Ministerio de Presidencia.
- Conde-Pumpido, fiscal general con José Luis Rodríguez Zapatero y fundador de “Jueces para la Democracia”.
Esta mayoría progresista se consolidó en la renovación de 2023, cuando el equilibrio interno viró hacia una hegemonía ideológica alineada con el Gobierno de PSOE y Sumar. Desde entonces, las decisiones más controvertidas han favorecido los intereses políticos de Moncloa.
Una renovación decisiva
En diciembre finaliza el mandato de Conde-Pumpido y de otros tres magistrados: María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías (este último con opción de renovar). La elección de sus sustitutos corresponderá al Senado, que requiere mayoría de tres quintos. Esto obliga a pactos entre el PSOE y el PP o, en su defecto, con los partidos independentistas y nacionalistas.
El temor en el bloque conservador es que esta renovación no solo mantenga la mayoría izquierdista, sino que corone a Montalbán como presidenta, consolidando así un TC cada vez más politizado.
El caso ERE, camino de Luxemburgo
La Audiencia Provincial de Sevilla ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para evitar lo que describe como un “riesgo sistémico de impunidad” tras las sentencias absolutorias del Constitucional en el caso ERE.
La Junta de Andalucía, a través de su portavoz Carolina España, ha respaldado esta acción judicial y acusado a Conde-Pumpido de “extralimitarse en sus funciones”.
Un Constitucional en entredicho
El prestigio del TC, antaño considerado el garante último de la Carta Magna, se ha visto erosionado en los últimos años. La ruptura de la tradición no escrita —que otorgaba la presidencia al sector mayoritario y la vicepresidencia al minoritario— ha sido interpretada como una maniobra de control político.
Para muchos juristas, si Montalbán asume la presidencia, la transformación del Constitucional en una correa de transmisión de las decisiones más polémicas del Gobierno de Sánchez será completa.
El trasfondo: poder judicial y poder político
El papel del TC es clave en un contexto donde la política española está marcada por leyes de enorme calado y alto contenido ideológico, como la propia amnistía o las reformas judiciales impulsadas por el Ejecutivo. En este escenario, el temor de amplios sectores es que la independencia judicial quede en entredicho y que la última instancia de control constitucional se convierta en un actor político más.
¿Será el Tribunal Constitucional el muro de contención de la Constitución o quedará reducido a un escudo del poder político? Los próximos meses marcarán un punto de inflexión en la historia judicial de España.
