La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado la imputación de Leire Díez, conocida como la “fontanera del PSOE”, y del empresario Javier Pérez Dolset por el presunto intento de sobornar a dos fiscales del Estado: José Grinda e Ignacio Stampa. En ambos casos, Díez habría ofrecido favores gubernamentales y protección legal a cambio de información comprometedora sobre altos cargos del Ministerio Público.
Se trata de un nuevo golpe en el llamado “caso Leire Díez”, un escándalo que amenaza con salpicar de lleno al PSOE por las conexiones políticas y empresariales que se van desvelando.
Dos fiscales en el punto de mira
El primer caso afecta al fiscal José Grinda, miembro destacado de la Fiscalía Anticorrupción, quien denunció que, a través de un intermediario, recibió ofertas de un destino internacional y beneficios personales a cambio de frenar causas judiciales y facilitar datos sensibles sobre el fiscal jefe Alejandro Luzón.
El segundo episodio involucra a Ignacio Stampa, antiguo fiscal del caso Villarejo. El pasado 7 de mayo, Stampa se reunió con Leire Díez y Javier Pérez Dolset. En ese encuentro, le pidieron información sobre investigaciones delicadas y le ofrecieron interceder ante el Gobierno para mejorar su situación en la batalla legal que mantenía con la ex fiscal general Dolores Delgado. Stampa grabó la conversación y entregó el audio a la Fiscalía, reforzando la acusación.
Una red de influencias políticas y empresariales
La investigación apunta a una trama de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y estafa procesal. La Fiscalía considera que Díez actuaba como enlace entre intereses políticos y empresariales para influir en procedimientos judiciales de alto nivel.
El empresario Javier Pérez Dolset, su supuesto colaborador en esta operación, arrastra ya un largo historial judicial: está acusado de fraude de subvenciones, blanqueo, falsedad documental e insolvencia punible, con un perjuicio económico que superaría los 30 millones de euros.
Choque procesal y estrategia de defensa
El juez instructor ha rechazado, de momento, acumular estas nuevas diligencias al procedimiento ya abierto contra Díez por otros presuntos sobornos, alegando que no hay conexión directa. Sin embargo, la Fiscalía mantiene la posibilidad de recurrir o solicitar que el caso se unifique en otro juzgado.
Por su parte, Leire Díez sostiene que sus reuniones con fiscales y empresarios formaban parte de una supuesta investigación periodística para un libro, argumento que se tambalea ante las pruebas reunidas, incluidas grabaciones y testimonios.
Un caso que amenaza con escalar
Este nuevo frente judicial incrementa la presión sobre el PSOE, ya que Díez mantiene vínculos conocidos con altos cargos del partido. La trama, según fuentes del Ministerio Público, no solo buscaba proteger a determinados investigados, sino también desacreditar y debilitar a figuras clave de la Fiscalía y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
El caso Leire Díez revela un escenario propio de las cloacas del poder: contactos, favores, grabaciones y una red de intereses cruzados donde la línea entre política y justicia se diluye peligrosamente.
