La pareja de Isabel Díaz Ayuso se enfrenta a 3 años, 9 meses y 1 día de prisión tras ser acusada por la Fiscalía de defraudar 350910 € mediante facturas falsas, un nuevo episodio que sacude la política madrileña.
Un fraude calculado y congruente con la crisis
Según la Fiscalía, Alberto González Amador, ejecutivo y novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cometió dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental en 2020 y 2021, presentando 15 facturas falsas por valor de 1,7 millones € para deducir ilícitamente gastos ficticios de su empresa Maxwell Cremona SL — con el resultado de defraudar a Hacienda 155000 € en 2020 y 195951 € en 2021 .
El Fiscal solicita tres años, nueve meses y un día: un año y nueve meses por el primer ejercicio y dos años y un día por el segundo. La devolución del dinero defraudado se considera atenuante.
Facturas falsas durante la pandemia: grin polish
El fraude habría sido orientado a ocultar ganancias millonarias obtenidas durante la pandemia, cuando González Amador intermedió en contratos de mascarillas. Hacienda detectó incrementos notables de ingresos, sin que variaran proporcionalmente sus impuestos.
La jueza del Juzgado 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, consideró estos hechos como “comportamiento fraudulento, consciente y voluntario”, y afirmó que la defensa no podía atribuirlo a meras discrepancias técnicas.
Desde el posible pacto a la causa archivada
En febrero de 2024, el abogado de González Amador propuso un acuerdo exprés: admitir los delitos a cambio de una pena menor, ocho meses de cárcel y devolución completa (491000 €), pero la jueza denegó el pacto y motivó una investigación al fiscal general por filtración.
Nueva pieza separada: sobornos y Quirón
Además del fraude fiscal, sigue abierta otra línea sobre administración desleal y un posible soborno encubierto, en conexión con la compra de una empresa vinculada a Quirón Prevención por medio millón de euros.
El caso crece en complejidad mientras el entorno de Ayuso intenta desviar la atención: Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete, acusó al Gobierno de Sánchez de estar «a la desesperada» y advirtió que quien debería acabar entre rejas es el fiscal general por divulgar documentos confidenciales
