Los contratos incluyen puertas antiokupas, alarmas y sistemas de vigilancia para blindar viviendas e instalaciones públicas, mientras el Gobierno insiste en que la ocupación ilegal es un fenómeno “residual”.
La contradicción entre el discurso del Gobierno y su práctica administrativa vuelve a quedar en evidencia. Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus socios continúan minimizando el problema de la okupación, la Administración Pública destinó más de 720.000 euros en 2025 a medidas de protección contra la ocupación ilegal en inmuebles de titularidad pública.
Según ha podido comprobar Libre Mercado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, distintas administraciones —desde ayuntamientos hasta Comunidades Autónomas— adjudicaron contratos para la instalación de puertas antiokupas, cerramientos antivandálicos, alarmas y otros sistemas de seguridad destinados a evitar que bienes públicos fueran ocupados ilegalmente.
El hecho contrasta con el mensaje político del Gobierno y sus aliados, que insisten en que la okupación es un fenómeno “minoritario”, pese al incremento sostenido de denuncias y a la creciente preocupación social.
Más de 720.000 euros en contratos antiokupación
Entre los contratos adjudicados durante 2025 destacan los siguientes:
- 491.204,58 € adjudicados a Wallner Europa para cerramientos antivandálicos en viviendas públicas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
- 3.993 € para seis puertas antiokupa en Molina de Segura (Murcia), adjudicado por la Concejalía de Vivienda.
- 72.479 € del Ayuntamiento de Barcelona para puertas de seguridad en viviendas destinadas a realojos temporales dentro de programas de regeneración urbana.
- 31.844 € de la Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez de la Frontera para puertas y pantallas antivandálicas y sistemas de alarma.
- 123.420 € de la Junta de Andalucía para puertas antiokupa y vigilancia en Viviendas de Protección Pública Básica (VPPV) en Málaga.
En total, los contratos suman 722.940 euros, una cifra difícil de justificar si, como asegura el Gobierno, la okupación “no es un problema real”.
La Administración blinda viviendas públicas mientras niega el problema
Las descripciones de los contratos muestran que una parte significativa del gasto está destinada a proteger viviendas públicas pendientes de adjudicación o temporalmente vacías, que se consideran especialmente vulnerables a la ocupación ilegal.
Esto plantea una pregunta inevitable:
Si la okupación es residual, como afirma el Gobierno, ¿por qué tantas administraciones destinan cientos de miles de euros a prevenirla?
La paradoja es evidente:
- En público, el Ejecutivo acusa a PP y Vox de “alarmismo” y “demonización” de los movimientos de vivienda.
- En privado, la propia Administración instala puertas blindadas, alarmas y vigilancia para evitar que sus inmuebles sean tomados por okupas.
El doble discurso del Gobierno queda todavía más expuesto cuando organismos dependientes del Estado contratan empresas “antiokupas”, lo mismo que el Ejecutivo critica cuando lo hacen los ciudadanos afectados.
Un contraste que alimenta la crítica política
Las cifras, los contratos y los hechos desmienten el relato oficial. Mientras tanto, miles de propietarios particulares siguen enfrentándose a una legislación que protege más al okupa que al dueño legítimo, y que sigue siendo uno de los temas más controvertidos en materia de seguridad y vivienda.
En definitiva, 2025 deja un balance claro:
la Administración sí cree en el problema de la okupación y paga por protegerse de él, aunque se niegue a admitirlo en público.
