La magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, ha confirmado que no retirará el pasaporte a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y mantiene su libertad deambulatoria, pese a estar procesado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en contratos de la Diputación de Badajoz.
Una defensa con mensaje claro para la acusación
Las acusaciones populares —Manos Limpias, PP y Vox— solicitaron medidas cautelares ante el supuesto riesgo de fuga. Sin embargo, la jueza rechazó la petición con un argumento directo:
“Si tuviera previsto fugarse, podría haberlo hecho ya”, señaló, recordando que Sánchez ha acudido siempre a las citaciones judiciales.
También subrayó que no hay indicios de que haya cambiado de residencia, recordando que vive en Elvas (Portugal) y que cualquier variación debe ser comunicada al juzgado.
La contraofensiva de la defensa
El abogado de David Sánchez ha pedido que se impongan costas a la acusación popular, acusándola de actuar con “mala fe procesal” y “temeridad”. Argumenta que relacionar un posible viaje o estancia vacacional con una fuga carece de fundamento y busca únicamente generar ruido mediático.
Un caso camino al juicio oral
En mayo de 2025, la jueza Biedma decidió enviar a juicio a David Sánchez, a Miguel Ángel Gallardo (expresidente de la Diputación y secretario regional del PSOE) y a otras diez personas por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos.
La decisión se tomó pese a la oposición de la Fiscalía, que consideraba que las acusaciones se basaban en conjeturas sin pruebas sólidas.
La rapidez con la que el caso ha avanzado ha provocado fuertes tensiones políticas. Desde el Gobierno se ha criticado la “celeridad inusual” del proceso y se han cuestionado sus motivaciones.
