La crisis vuelve a golpear al Ministerio de Transportes: mientras España aún recuenta las consecuencias del desastre ferroviario de Adamuz, el Tribunal Supremo revela que la trama de Koldo García utilizó a ADIF, gestor de la red ferroviaria, como herramienta para comprar mascarillas por su “mejor liquidez”, desviando recursos que podrían haberse destinado a seguridad y mantenimiento.
El Tribunal Supremo destapa que ADIF, responsable del estado de las vías en la tragedia de Adamuz, fue elegida por el Ministerio de Transportes para compras de mascarillas debido a su “mayor liquidez”, abriendo un nuevo foco de escándalo político.
El Supremo señala el uso de ADIF por su liquidez mientras la infraestructura se deterioraba
El auto del Tribunal Supremo, conocido en plena investigación del accidente de Adamuz, detalla que las empresas públicas elegidas para las compras de mascarillas fueron ADIF y Puertos del Estado, seleccionadas por encontrarse “en mejor situación de liquidez financiera”.
Los acusados —José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama— deberán comparecer ante el Alto Tribunal en una vista preliminar clave del caso, tras permanecer en prisión provisional desde noviembre.
Según el magistrado instructor Leopoldo Puente, el 20 de marzo de 2020 se dictó la primera orden ministerial para adquirir mascarillas. Solo un día después, el contrato se adjudicó a Soluciones de Gestión, empresa con la que Aldama había firmado un convenio días antes, cuando los contratos aún ni siquiera estaban ofertados.
El 27 de marzo, bajo el mismo procedimiento, ADIF compró otros cinco millones de mascarillas, desviando una liquidez que, según fuentes jurídicas consultadas, “debería haberse destinado a reforzar la seguridad ferroviaria, no a financiar una trama de corrupción”.
Contexto: ADIF bajo fuego tras la tragedia de Adamuz
El escándalo estalla mientras continúa el duelo nacional por la tragedia ferroviaria de Adamuz, donde un tren Iryo descarriló e invadió la vía contraria, provocando una colisión frontal con un Alvia de Renfe que dejó 46 fallecidos y más de 150 heridos.
Como gestor de la infraestructura ferroviaria, ADIF —dependiente del Ministerio de Transportes— es la entidad responsable del mantenimiento, inspección y estado de las vías.
Este hecho agrava la denuncia recogida en el auto judicial: la liquidez de ADIF no se destinó a garantizar la seguridad, sino a operaciones opacas vinculadas al círculo de Ábalos y Koldo.
¿Una red ferroviaria debilitada por prioridades políticas?
Varias voces jurídicas señalan la “conexión inquietante” entre:
- El uso irregular de fondos de ADIF.
- El deterioro de la infraestructura denunciado por sindicatos y maquinistas antes del accidente.
- La demora en inversiones clave que ahora el Ministerio promete acelerar.
Sindicatos como Semaf —cuya advertencia sobre riesgos en la infraestructura fue ignorada— sostienen que la desatención acumulada del Estado hacia el mantenimiento ferroviario podría estar detrás del accidente.
Esto refuerza el argumento de que la trama Koldo no solo fue un caso de corrupción económica, sino un desvío de recursos que terminó poniendo vidas en riesgo.
Puente anuncia ahora 1 800 millones para mantenimiento tras la presión social
Este lunes, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, firmó con CCOO, UGT y Semaf un acuerdo para desconvocar la huelga ferroviaria.
Entre los compromisos destacan:
- 1 800 millones de euros en mantenimiento durante los próximos cinco años.
- 3 650 nuevas contrataciones en el sector.
- Refuerzos en seguridad, alertas meteorológicas y gestión de limitaciones de velocidad.
El contraste es inevitable: este esfuerzo inversor llega solo después del accidente, no antes, cuando ADIF sí disponía de liquidez… pero se utilizó en operaciones hoy bajo sospecha judicial.
Conclusión: una pregunta incómoda para el Gobierno
El caso vuelve a tensionar al Ejecutivo: ¿por qué ADIF, responsable de la seguridad ferroviaria, fue usada como “caja líquida” para compras opacas en vez de fortalecer la red que debía proteger a millones de pasajeros?
¿Estamos ante un simple caso de corrupción o ante un fallo estructural donde la mala gestión política ha costado vidas?
