La asociación Hazte Oír ha presentado una denuncia formal ante la Unión Europea contra la nueva Ley de Secretos Oficiales impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, a la que califican de «reforma exprés y opaca» que busca ocultar información clave sobre el uso de recursos públicos. La normativa ya es apodada como la “Ley Falcon”, en alusión a los polémicos vuelos oficiales utilizados por el presidente.
Una reforma que “blinda al poder” según Hazte Oír
Hazte Oír considera que esta es la tercera maniobra legislativa en menos de un año para blindar al Ejecutivo, tras la fallida “Ley Begoña” —que pretendía apartar a las acusaciones populares en causas que afectan al entorno del presidente— y la polémica “Ley Bolaños”, duramente criticada por asociaciones judiciales.
Según denuncian, la Ley Falcon busca clasificar como secreto todo lo que pueda ser incómodo para el Gobierno, incluyendo datos sobre vuelos, pasajeros o destinos del avión presidencial. Para la organización, el objetivo es claro: «acallar a los ciudadanos, obstaculizar a los jueces y desactivar a los medios, justo cuando más cerca estamos de conocer la verdad sobre los escándalos que rodean a Pedro Sánchez».
¿Qué implica esta denuncia ante la UE?
Hazte Oír ha enviado su denuncia a varias instituciones comunitarias, incluyendo la Comisión Europea y la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo. En su escrito, afirman que esta ley “restringe gravemente el derecho a la información, menoscaba la libertad de prensa” y atenta contra el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Desde la asociación alertan: «La libertad de expresión y de información es un pilar básico de cualquier democracia. Esta ley busca imponer el silencio institucional para proteger al PSOE del creciente cerco judicial».
28 000 ciudadanos ya han dicho “basta”
En menos de 48 horas, más de 28 000 personas se han unido a la campaña ciudadana impulsada por Hazte Oír para frenar la tramitación de esta norma que consideran un “ataque directo a la transparencia”.
Además, denuncian que esta ley coincide sospechosamente con el avance de investigaciones judiciales que implican a figuras clave del entorno del presidente, como su esposa Begoña Gómez o su hermano David Sánchez, en el uso de recursos públicos y tráfico de influencias.
¿Censura institucional bajo pretexto de seguridad?
La ley permitiría clasificar como secreto cualquier información sobre el uso del Falcon, incluidos los viajes personales o de miembros del entorno presidencial. Para Hazte Oír, esto abre la puerta a la censura institucional, bajo la excusa de proteger información sensible. “No hablamos solo de privilegios, sino de posibles delitos institucionales que deben ser investigados”, aseguran.
“Ley de la impunidad 3.0”: un escudo político frente al poder judicial
La asociación concluye que la Ley Falcon no es una norma técnica, sino un escudo político diseñado para blindar al Gobierno en un momento de máxima presión judicial. “El Ejecutivo ha comprendido que medios libres, jueces y acusaciones populares están cercando a su cúpula. Esta ley es su respuesta: silencio, impunidad y oscurantismo”, sentencian.
¿Estamos ante un ataque al derecho a saber?
Mientras el Gobierno defiende que la nueva normativa se adapta a los estándares europeos, cada vez más voces críticas alertan de que se trata de una reforma calculada para protegerse del escrutinio público. La pregunta que queda en el aire es clara:
¿Transparencia institucional o estrategia para blindarse del escándalo?
