La Agencia Tributaria ha desatado una ofensiva sin precedentes contra los trabajadores por cuenta propia: en 2024, más de 726 000 autónomos y pequeñas empresas recibieron requerimientos fiscales para justificar sus impuestos. Se trata de un aumento del 9,2 %, mientras que las actuaciones globales de control de tributos internos se acercan ya a los 2 millones al año.
La lupa fiscal se ceba con quienes mantienen en pie la economía
En un momento en que pymes y autónomos soportan la mayor presión fiscal de Europa, el Estado intensifica su control con una maquinaria burocrática que asfixia al tejido productivo. Según el último informe de la Agencia Tributaria, en 2024 se registraron exactamente 1 981 864 actuaciones de control sobre IVA, IRPF y Sociedades. Casi la mitad de ellas están dirigidas a los más vulnerables del ecosistema empresarial: los pequeños empresarios y trabajadores autónomos.
Las cifras que delatan una persecución fiscal
- 726 385 requerimientos a autónomos y pymes solo en 2024.
- Aumento del 9,2 % respecto a 2023 (665 089 actuaciones).
- 31 552 inspecciones presenciales en negocios: un 6,5 % más.
- Más de 30 000 visitas orientadas a encontrar rentas no declaradas.
La Agencia Tributaria ha convertido en rutina enviar cartas y notificaciones a quienes tributan por módulos o presentan deducciones. Se trata de las llamadas “paralelas”, donde se exige al contribuyente justificar sus gastos e ingresos, bajo la amenaza de sanción.
¿Qué busca Hacienda? Ingresos rápidos a costa del autónomo
Las actuaciones más frecuentes apuntan a:
- Deducciones indebidas en IVA o IRPF.
- Ingresos no declarados cruzando bases de datos.
- Requerimientos preventivos para disuadir o intimidar.
La mayoría de las veces, basta con una carta. Según expertos fiscales, el 99 % de las comprobaciones no necesitan visita: solo una notificación con exigencia documental. Esto, en la práctica, implica una carga administrativa que recae sobre el autónomo o su gestor, convirtiendo la inspección en un impuesto encubierto por tiempo y estrés.
El Plan de Visitas, o cómo convertir la sospecha en norma
En 2024 se activaron 31 552 inspecciones in situ, con el objetivo claro de aflorar economía sumergida y rentas ocultas. El plan focaliza sectores considerados de “alto riesgo”, pero en realidad castiga a negocios de barrio, talleres, comercios minoristas o profesionales liberales, muchos de los cuales apenas sobreviven con márgenes mínimos.
Un sistema que recauda por sospecha, no por evidencia
Este sistema fiscal ha virado hacia el modelo inquisitorial, donde el ciudadano debe demostrar su inocencia ante la simple sospecha de error. Como denuncian numerosas asociaciones de autónomos, las pruebas antiguas, de años anteriores, son utilizadas por Hacienda como justificación para sanciones en el presente, algo que consideran abusivo.
Conclusión: ¿control fiscal o asfixia estructural?
Mientras el Gobierno presume de “progresividad”, la realidad es que los grandes defraudadores siguen impunes, mientras Hacienda despliega toda su fuerza contra quienes sostienen con su esfuerzo diario la economía real.
¿Estamos ante un modelo de recaudación o ante una estrategia de acoso institucional al pequeño contribuyente?
