El ministerio de María Jesús Montero destituye a Óscar del Amo y Rogelio Menéndez, ambos imputados por amaños legislativos a favor de empresas gasísticas, pero el Gobierno intenta minimizar su relevancia y desviar la atención hacia el PP.
Nuevo capítulo de corrupción en la era Sánchez
El Ministerio de Hacienda, bajo la batuta de la socialista María Jesús Montero, ha destituido a dos altos funcionarios implicados en el llamado ‘caso Montoro’, una trama de presunta connivencia entre Hacienda y las grandes empresas gasísticas para amañar normativas en beneficio privado.
Los ceses han afectado a Óscar del Amo, hasta ahora subdirector general de Tributos Locales, y a Rogelio Menéndez, director económico-financiero de Loterías y Apuestas del Estado, ambos imputados formalmente. Según el auto judicial, Del Amo habría participado activamente en la redacción de proyectos legislativos diseñados a medida de los intereses de las gasísticas, como reflejan correos electrónicos incautados en la causa.
Montero intenta minimizar y se escuda en tecnicismos
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, trató de restar importancia al escándalo afirmando que Del Amo “no es un alto cargo”, sino un funcionario dentro del escalafón habitual. Afirmación que contrasta con el peso real del puesto dentro del Ministerio, con capacidad para influir en normativa tributaria clave.
Montero había adelantado días atrás que se estaban analizando los «pormenores» del caso, pero el Gobierno esperó hasta que el escándalo mediático se hizo insostenible para efectuar los ceses.
El PSOE, en modo propaganda: “Nosotros sí actuamos”
En lugar de asumir responsabilidades por los escándalos que salpican a su propio Ejecutivo, Montero reactivó el discurso del «y tú más», acusando al Partido Popular de estar marcado por la “corrupción sistémica”.
La estrategia del PSOE es clara: instrumentalizar políticamente la lucha contra la corrupción mientras mantienen en sus filas a imputados hasta que la presión mediática obliga a actuar.
El PP responde: “No hay reglas iguales para todos”
Desde Génova, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Azcurra, ha denunciado la doble vara de medir del Gobierno socialista: “Tengamos claro que las reglas del juego no son las mismas para todos”.
El caso pone de nuevo en entredicho la falsa superioridad moral del PSOE en materia de ética pública, y demuestra cómo el Ejecutivo de Sánchez sólo actúa cuando la corrupción se hace pública, y no antes.
¿Es esta la regeneración democrática que prometía el socialismo o solo una estrategia para tapar su propia corrupción?
