A partir del 1 de enero de 2026, pagar una caña, un café o un menú del día con tarjeta o Bizum no será un simple gesto cotidiano: todo quedará registrado en tiempo real por la Agencia Tributaria. El sistema Verifactu, impuesto por la Ley Antifraude, obligará a que todas las facturas se comuniquen directamente con Hacienda.
El ojo de Hacienda en cada pago digital
La medida afectará a pymes y autónomos, que estarán obligados a declarar cada operación, por mínima que sea, incluso las de 1,50 € en un bar de barrio. El control se realizará mediante cuatro modelos:
- Modelo 170 (mensual): todos los ingresos por Bizum, tarjetas o apps de pago.
- Modelo 174 (anual): operaciones con tarjeta que superen 25 000 €.
- Modelo 181: préstamos e inmuebles.
- Modelo 196: apertura de cuentas y saldos bancarios.
El primer envío de datos será en febrero de 2026. Para entonces, cualquier movimiento económico ya estará bajo la lupa del fisco.
Multas de hasta 150 000 €
No cumplir con Verifactu tendrá consecuencias graves:
- Proveedores de software no adaptado: 150 000 € por ejercicio.
- Empresas sin programa certificado: hasta 50 000 € al año.
- Licencias no homologadas: 1 000 € por cada usuario.
El coste de la transición digital no es menor: los programas de facturación rondan los 2 000 € más mantenimiento, a lo que se suman 10 a 15 € mensuales por licencia.
“Se tarda más en facturar una caña que en servirla”
La hostelería y los pequeños comercios están entre los sectores más golpeados. En España operan más de 275 000 bares y restaurantes y unos 100 000 comercios minoristas. Adaptarse supondrá una factura conjunta de 750 millones de euros.
Beatriz Martín, asesora empresarial, alerta:
“En hostelería y bazares hay tanta inquietud que se tarda más en gestionar una factura que en servir una caña”.
Además, sectores como el textil, con devoluciones que alcanzan el 80% de la facturación, temen un caos burocrático.
Sin apoyo del Gobierno
El kit digital ofrecido por el Ejecutivo no cubre todos los gastos y no llega a todos los beneficiarios. No existen ayudas específicas para los sectores con más dificultades de adaptación.
Mientras Sánchez insiste en subir impuestos y vender control como “modernización”, los autónomos y pequeños empresarios se preguntan: ¿en qué país vivimos, si Hacienda va a controlar hasta la caña del bar?
