Un escrito oficial revela que el Mando de Operaciones de la Guardia Civil, bajo la Dirección Adjunta Operativa que depende del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande‑Marlaska, rechazó conceder condecoraciones pensionadas a 22 agentes que participaron en la Operación Avispa para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
Esta decisión supuso que ninguno de los 22 agentes propuestos para recibir la Cruz del Mérito con distintivo rojo, con pensión asociada, acabara obteniéndola, evidenciando un cambio de criterio respecto al reconocimiento de los efectivos que actuaron en aquel operativo.
Propuestas de condecoración y el cambio de criterio
La Zona de Cataluña formuló en 2020 una lista de 187 propuestas de condecoraciones vinculadas a la Operación Avispa, donde destacaban:
- 29 propuestos para la Cruz de Plata
- 22 propuestos para la Cruz con distintivo rojo (pensionada)
- 136 propuestos para la Cruz con distintivo blanco
Estas propuestas respondían al servicio prestado en un operativo orientado a impedir la celebración de un referéndum declarado ilegal por los tribunales, así como al contexto de la posterior declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017.
El Mando de Operaciones discrepó del criterio inicial del Jefe de la Zona de Cataluña (General de Brigada) y propuso una redistribución distinta:
- 10 para Cruz de Plata
- 29 para Cruz con distintivo blanco
- 148 para felicitación con anotación
De este modo, ninguno de los 22 agentes originalmente propuestos para la Cruz con distintivo rojo —premio reservado para acciones con riesgo de vida demostrada— obtuvo la condecoración pensionada.
¿Qué establece la ley sobre las condecoraciones?
La Ley 19/1976, de 29 de mayo, que regula la Orden del Mérito de la Guardia Civil, especifica que la Cruz del Mérito con distintivo rojo (y la Cruz de Oro) se otorgan por servicios o hechos con riesgo vital o demostración de valor personal, y estas condecoraciones incluyen una pensión vitalicia para el beneficiario.
Al no concederse ninguna de estas cruces de mérito con distintivo rojo a los agentes propuestos, se les privó de una prestación económica que suele acompañar a distinciones de este nivel honorífico.
El papel de la directora en ese momento
La entonces directora de la Guardia Civil, María Gámez Gámez —nombrada por Marlaska en 2020— acogió la propuesta del Mando de Operaciones y dictó la instrucción del expediente sumario correspondiente, alineándose con la redistribución de condecoraciones sin pensionar.
Fuentes internas consultadas indican que esta decisión se basó en criterios de mando y valoración de servicios, aunque también ha generado críticas entre miembros del cuerpo, que consideran que la negativa a mantener las condecoraciones pensionadas fue un gesto con implicaciones políticas.
Reacciones y contexto
Fuentes policiales citadas señalan que la modificación de las propuestas se produjo por motivos que incluyen:
- Una interpretación más restrictiva del grado de riesgo o valor personal de los hechos.
- Una posible intención de evitar tensiones políticas con sectores independentistas al reconocer de forma pensionada a los agentes que actuaron en Cataluña.
Algunos mandos han calificado la situación de “completa injusticia”, especialmente porque la Operación Avispa fue un operativo oficial en cumplimiento de órdenes judiciales y constitucionales.
Antecedentes
María Gámez Gámez, ex directora de la Guardia Civil, dimitió años más tarde en medio de una investigación judicial en Sevilla por presuntos pagos irregulares vinculados a su entorno. También ha trascendido que, en su último año en el cargo, mantuvo frecuentes reuniones con el exasesor Koldo García, figura señalada en otras polémicas.
