Atenas impone medidas históricas ante el aumento masivo de llegadas ilegales a sus costas
El Gobierno de Grecia, liderado por el conservador Kyriakos Mitsotakis, ha dado un paso contundente en materia migratoria al aprobar un paquete legislativo que contempla penas de hasta cinco años de prisión para los inmigrantes ilegales que no abandonen el país tras recibir una denegación de asilo. La medida ha sido calificada como «histórica» por el Ejecutivo heleno y cuenta con respaldo mayoritario en el Parlamento.
«Si estás ilegalmente en Grecia, solo tienes dos opciones: prisión o regresar»
Así de tajante se mostró el Ministerio de Inmigración griego, dejando claro que aquellos cuya solicitud de asilo sea rechazada no podrán permanecer en territorio heleno sin consecuencias penales. La reforma convierte esa permanencia en un delito penal, castigado con penas de entre 2 y 5 años de cárcel.
Esta legislación es parte de una reforma más amplia que será presentada oficialmente en agosto, pero que ya ha sido adelantada con varias disposiciones de urgencia. Entre ellas, la suspensión temporal del derecho a solicitar asilo para quienes entren ilegalmente desde el norte de África.
Oleada migratoria en Creta
El endurecimiento llega en un contexto de fuerte presión migratoria. Solo en lo que va de 2025, más de 10 000 inmigrantes ilegales han llegado a la isla de Creta, duplicando los datos del año anterior y desbordando la capacidad de acogida del país.
Cambios en el sistema de acogida
La normativa también contempla la reducción de ayudas estatales en los centros de acogida y la revisión del sistema de asistencia. Algunas medidas incluyen modificaciones en la alimentación de los migrantes con el objetivo de «reducir el efecto llamada».
Reacciones europeas
Las nuevas leyes han generado reacciones encontradas. Mientras que gobiernos europeos del este y el sur han expresado apoyo a la medida, organismos como ACNUR, el Consejo de Europa y la Comisión Europea han advertido del posible incumplimiento de los derechos humanos y del principio de no devolución.
Grecia marca línea dura
El Ejecutivo griego ha dejado claro que estas medidas buscan «proteger la soberanía nacional» y responder a una «situación crítica». Las autoridades subrayan que la seguridad nacional y la estabilidad social están por encima de discursos buenistas que, según aseguran, solo fomentan la inmigración descontrolada.
