El Ejecutivo aprueba casi 10000 plazas menos que lo exigido por CSIF, UGT y CC OO. Se invierte la tendencia de crecimiento y se genera malestar.
El Gobierno ha presentado hoy su Oferta de Empleo Público (OEP) 2025, con un total de 36588 plazas —incluyendo Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas—, lo que supone una reducción del 9 % respecto a 2024 y casi 10000 menos que las reclamadas por los sindicatos .
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro Óscar López desgranó los datos: 27697 plazas para nuevo ingreso y 8891 para promoción interna. Sin embargo, las centrales —CSIF, CC OO y UGT— calificaron la oferta de “insuficiente”, advirtiendo que “invierte por primera vez la tendencia de crecimiento de los últimos años”, agravando el problema de la plantilla envejecida .
¿Por qué hay menos plazas?
- El Gobierno argumenta que mantiene una oferta “parecida” a la del año pasado, pero sin desglosar cifras previas en las reuniones.
- Los sindicatos interpretan que la ausencia de transparencia auguraba esta reducción.
Consecuencias políticas y sociales
- Choque frontal con los sindicatos. La negativa a firmar por parte de las tres principales centrales da un claro mensaje de ruptura y promete conflictividad en los próximos meses.
- Plante nacionalista: sectores estratégicos como seguridad y sanidad podrían resentirse si no hay relevo generacional, lo que a medio plazo encarecería la gestión pública.
- Electorado descontento: la derecha española lanzará su mensaje: el Gobierno prioriza el control y no la renovación, penalizando a las nuevas generaciones.
Desde una óptica conservadora, la decisión del Ejecutivo realza una política de austeridad que, bajo un manto de eficiencia, limita el acceso de los jóvenes a empleos públicos. A la larga, ahonda la brecha demográfica en la plantilla del Estado. La clave no es solo la cifra, sino un enfoque estratégico: menos plazas significa menos capacidad de vigilancia, justicia y fiscalización del gasto público.
Los sindicatos levantan la voz, pero esto no debería ser entendido como soberanía laboral, sino como presión corporativa para mantener privilegios. La pregunta es clara: ¿han pensado en cómo afectan estas decisiones a los ciudadanos y al correcto funcionamiento del Estado?
