El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado en Consejo de Ministros una polémica reforma de la Ley Electoral (LOREG) que obligará por ley la celebración de al menos un debate televisado durante la campaña electoral en la televisión pública. Además, las empresas demoscópicas estarán forzadas a publicar los microdatos completos —anonimizados pero individuales— de los sondeos, una medida que muchos expertos ven con recelo por sus posibles usos partidistas y su efecto disuasorio en el ecosistema de opinión pública.
La reforma llega en un contexto marcado por el escándalo de corrupción que sacude al PSOE, con el ex número tres del partido, Santos Cerdán, en prisión preventiva por cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. En ese clima de descrédito, Moncloa impulsa este cambio legislativo como parte de su “Plan de Acción por la Democracia”, anunciado en 2024, pero que ha sido interpretado por sectores de la oposición como una maniobra para controlar el relato y condicionar el debate político en plena debilidad institucional del Ejecutivo.
El nuevo artículo 66 de la LOREG, aún pendiente de tramitación parlamentaria, establece que la participación de los candidatos en los debates organizados por medios públicos será “obligatoria, salvo causa justificada apreciada por la Junta Electoral”. En caso de ausencia sin justificación, el medio deberá señalarlo explícitamente durante la campaña. El Gobierno no oculta que con esta medida busca evitar que líderes de la oposición —como Alberto Núñez Feijóo en 2023— opten por no participar en formatos organizados por RTVE, cadena que desde hace años está señalada por su falta de neutralidad informativa y afinidad con el Ejecutivo socialista.
La norma no afectará a medios privados, aunque se indica que estos, si organizan debates, deben ajustarse a principios de “pluralismo, proporcionalidad y neutralidad”, conceptos que, bajo gobiernos de izquierda, han servido para presionar a medios críticos con el oficialismo. Además, el texto reserva participación preferente para partidos con representación, pero abre la puerta a incluir a “grupos políticos significativos”, lo que podría facilitar la presencia de partidos afines al Gobierno aunque carezcan de escaños, distorsionando el principio de representatividad.
En cuanto a las encuestas, la modificación del artículo 69 obligará a las empresas que difundan sondeos entre la convocatoria y el día de votación a publicar no solo los aspectos técnicos, sino también los ficheros de microdatos completos. Aunque el Ejecutivo lo presenta como un gesto de transparencia, voces críticas han advertido que esto podría convertirse en una herramienta de presión contra encuestadoras independientes, especialmente aquellas cuyos resultados contradigan las proyecciones favorables al Gobierno.
También se establece que los órganos directivos de RTVE y otros medios públicos deberán remitir a la Junta Electoral sus planes de cobertura informativa antes de cada campaña. Esta medida refuerza el control institucional sobre los medios públicos, pero no garantiza una mejora de la pluralidad si estos continúan actuando como correa de transmisión de Moncloa, como han denunciado sindicatos internos y el Consejo de Informativos de RTVE en varias ocasiones.
La oposición ya ha mostrado su preocupación por el fondo y la forma de esta reforma. Desde el Partido Popular advierten que no se puede legislar sobre la participación política con espíritu punitivo ni utilizar los medios públicos como arma electoral del Gobierno. Vox, por su parte, denuncia una “tentación autoritaria” por parte del Ejecutivo y reclama “más garantías de neutralidad y menos imposición desde arriba”.
En resumen, el Gobierno promueve una reforma que no oculta su carácter intervencionista, justo cuando atraviesa su peor momento político desde el inicio de la legislatura. Más que un impulso a la democracia, la medida parece orientada a blindar el relato institucional, controlar el entorno mediático y limitar la libertad de estrategia de los candidatos. La democracia, para este Gobierno, parece empezar por el control del formato.
