El fiscal general, procesado por revelación de secretos contra el novio de Díaz Ayuso, teme que el Supremo le embargue bienes para garantizar una indemnización millonaria.
García Ortiz, al borde del banquillo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, atraviesa su momento más delicado. Procesado por revelación de secretos tras filtrar información contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ahora teme que el Tribunal Supremo decrete un embargo preventivo sobre sus bienes.
Según fuentes jurídicas, esta medida podría adoptarse en cuanto el magistrado instructor, Ángel Hurtado, dicte el auto de apertura de juicio oral, previsto para los próximos días.
Posibles consecuencias: hasta cárcel e inhabilitación
El todavía máximo responsable del Ministerio Público se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y inhabilitación para cargo público. La preocupación de García Ortiz es que el Supremo pueda embargar su propia vivienda, con el fin de garantizar la responsabilidad civil o la multa que debería afrontar en caso de ser condenado.
En el escrito inicial de acusación, González Amador reclamaba 300 000 euros de indemnización, a abonar junto a la entonces fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Sin embargo, la Sala de Apelación archivó el procedimiento para Rodríguez y decidió, por mayoría, enviar a juicio solo a García Ortiz.
El juicio: tribunal de alto nivel
El proceso será presidido por Andrés Martínez Arrieta y contará con jueces de primer nivel como Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Carmen Lamela y Susana Polo. La misma Sala que juzgó el golpe del 1-O decidirá ahora el futuro del fiscal general.
La vista está prevista para noviembre y no se espera un procedimiento largo, aunque aún falta definir el número de testigos y sesiones.
El fiscal que no dimite
Pese a estar procesado y con un juicio a la vuelta de la esquina, García Ortiz insiste en no dimitir “en ningún escenario”. Defiende que su permanencia al frente de la Fiscalía es una muestra de que una “mentira” no puede tumbar al máximo representante del Ministerio Público.
En la apertura del Año Judicial, justificó su permanencia:
“Estoy aquí porque creo en la justicia, en el Estado de Derecho y en la verdad”, afirmó, intentando dar una imagen de legitimidad institucional.
Sin embargo, lo cierto es que se sentará en el banquillo mientras sigue en el cargo, un hecho sin precedentes que daña gravemente la credibilidad de la Fiscalía y que refleja la sumisión del PSOE a sus peones judiciales.
El futuro judicial de García Ortiz es incierto. Si el Supremo decreta un embargo preventivo y finalmente lo condena, el fiscal general podría convertirse en el primer jefe del Ministerio Público procesado, embargado y condenado en democracia.
La pregunta es inevitable: ¿defiende la independencia judicial o protege a un Gobierno acorralado por la corrupción y los escándalos?
