La Xunta lanza un decreto para medir la productividad de 20000 empleados públicos autonómicos, una medida en apariencia positiva, pero que plantea más preguntas que respuestas sobre su aplicación efectiva.
Una evaluación cargada de matices
El Gobierno gallego ha aprobado un nuevo decreto que introduce evaluaciones anuales de desempeño laboral para cerca de 20000 empleados públicos, según informa La Voz de Galicia.
Aunque se anuncia como una apuesta por la eficiencia y la calidad del servicio público, la medida llega sin detalles sobre qué criterios se usarán, cómo se aplicará y qué consecuencias reales tendrá un resultado negativo.
¿Mejora o control? La ambigüedad es la norma
Fuentes oficiales afirman que la evaluación incluirá penalizaciones para los trabajadores menos productivos, pero aún no se ha precisado cómo se cuantificarán estas sanciones ni si habrá mecanismos de soporte y mejora profesional para quienes suspendan.
Sindicatos reclaman transparencia inmediata: exigen conocer los indicadores, criterios y procedimientos, así como las posibles consecuencias laborales de recibir una mala evaluación.
Sin referencia externa ni control ciudadano
Lo más preocupante es que esta iniciativa se impulsa totalmente desde la Xunta, sin consulta pública previa, estudios de impacto ni modelo piloto. No hay señal del papel de la sociedad civil, sindicatos o expertos independientes en su diseño. Y la falta de debate armado sugiere que podría servir más como herramienta política que como instrumento de mejora real.
¿Un auténtico impulso a la función pública?
La evaluación del personal autonómico puede contribuir a modernizar la administración y detectar áreas de mejora. No obstante, la ausencia de criterios públicos mínimos, mecanismos de apelación y transparencia pone en duda su buen propósito.
Una herramienta necesaria para detectar ineficiencias, pero que sin garantías podría acabar siendo un instrumento de mano de obra disciplinada, no de funcionarios competentes.
