Un demoledor informe del Tribunal de Cuentas revela que cientos de miles de negocios se beneficiaron de ERTE sin cumplir los requisitos. La mayoría, sin investigar.
Más de medio millón de empresas recibieron ayudas por ERTE durante la pandemia
El Tribunal de Cuentas ha sacado a la luz el mayor informe hasta la fecha sobre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) concedidos entre 2020 y 2022. El análisis revela que de las más de 558 000 empresas que se beneficiaron de estas ayudas, más de 270 000 pymes y autónomos han sido señalados como sospechosos de haber cometido algún tipo de infracción.
Los ERTE, que permitían exoneraciones en las cotizaciones y el no pago de salarios durante la suspensión del empleo, fueron una herramienta clave durante la pandemia. Sin embargo, muchos negocios falsearon su situación económica o mantuvieron empleados trabajando mientras estaban en ERTE, lo que podría constituir un fraude masivo de fondos públicos.
Solo se investigó al 20 % de los sospechosos
Pese a la magnitud del posible fraude, el informe denuncia que la Inspección de Trabajo solo pudo visitar al 20 % de los negocios en el punto de mira. De 270 000 casos sospechosos, apenas 48 000 fueron inspeccionados y 6 000 sancionados. La causa: falta de medios humanos y tecnológicos para controlar el volumen de solicitudes.
El Tribunal también denuncia la ausencia de una aplicación informática adecuada, lo que generó resoluciones contradictorias y duplicadas, dificultando el seguimiento y el control de las ayudas. Esto pone en duda la eficacia del control administrativo y la responsabilidad del Gobierno en la gestión del dinero público.
Sombra de impunidad y falta de rendición de cuentas
Los sectores más señalados por el informe son hostelería, comercio y reparación de vehículos, precisamente los que recibieron mayor volumen de ayudas. Las principales irregularidades detectadas incluyen:
- No acreditar la caída de ingresos exigida
- Mantener empleados activos mientras figuraban en ERTE
- Acumular exoneraciones del 100 % sin justificación
A pesar de estas prácticas, la mayoría de los casos quedaron sin consecuencias, lo que plantea una grave brecha de impunidad que favorece a quienes falsearon su situación para beneficiarse del sistema.
¿Incompetencia o negligencia deliberada?
Este informe destapa una verdad incómoda: el Gobierno carecía de mecanismos eficaces para evitar el abuso del sistema de ERTE. Mientras cientos de miles de empresas legítimas luchaban por sobrevivir, otras muchas aprovecharon el caos burocrático para lucrarse sin control.
¿Dónde estaban los responsables políticos mientras todo esto sucedía? ¿Por qué no se reforzaron los equipos de inspección ni se desarrollaron herramientas digitales adecuadas? El silencio institucional ante estas preguntas es tan elocuente como preocupante.
