La izquierda activa a la Fiscalía contra José Ángel Antelo tras sus declaraciones sobre inseguridad e inmigración. Vox defiende su libertad de expresión.
Nuevo intento de censura judicial contra Vox. La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha abierto diligencias de investigación contra el presidente regional del partido, José Ángel Antelo, por un presunto «delito de odio» tras sus declaraciones en Torre Pacheco, donde denunció la creciente inseguridad vinculada a la inmigración ilegal.
El origen de la actuación fiscal, según reconoce el propio Ministerio Público, son las denuncias presentadas por PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Una reacción previsible del bloque progresista ante la contundencia del mensaje de Vox en defensa de la legalidad, la seguridad y los derechos de los españoles.
En el acto «Defiéndete de la inseguridad» celebrado el pasado sábado, Antelo advirtió de que «no queremos gente así en nuestras calles. Les vamos a deportar a todos. En España se viene a trabajar, no a delinquir ni a sembrar el terror». Palabras que han sido manipuladas por la izquierda para construir un nuevo caso de persecución política.
Antelo defendió hoy en rueda de prensa que «decir la verdad nunca será delito de odio» y recordó que ya ha sido denunciado en otras ocasiones sin que haya prosperado ninguna causa. «Vox nunca llama a la violencia. Somos quienes la sufrimos», subrayó, mientras recordaba que su partido es la segunda fuerza en Murcia y la que más crece.
El dirigente de Vox también recordó que su partido abandonó el Gobierno regional precisamente por negarse a seguir financiando la inmigración ilegal. «Advertimos de que esto ocurriría. Las agresiones a ancianos, mujeres u homosexuales no son una casualidad, sino consecuencia directa de unas políticas migratorias irresponsables», denunció.
Vox insiste en que no se puede normalizar la presencia masiva de inmigrantes ilegales que imponen sus códigos culturales por encima de la legalidad española. Y denuncia que la izquierda está utilizando las instituciones judiciales para criminalizar el debate sobre inmigración, en lugar de proteger a las víctimas reales: los ciudadanos de bien.
