La polémica por el rescate millonario a Plus Ultra vuelve a sacudir al Gobierno: nuevas filtraciones confirman que fue la Fiscalía de Álvaro García Ortiz quien decidió entregar la investigación a la UDEF, pese a que la Guardia Civil concentra los casos más sensibles que amenazan a Pedro Sánchez. El procedimiento, que ya apunta a posible blanqueo de capitales vinculado a Venezuela, salpica de lleno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a su entorno familiar.
Investigación: la Fiscalía impuso que fuese la UDEF quien dirigiera el caso
Fuentes jurídicas consultadas revelan que la elección del cuerpo investigador —UCO o UDEF— puede depender del hallazgo policial, la decisión del juez o la directriz directa de la Fiscalía.
En este caso, no hubo dudas: fue la Fiscalía la que ordenó que la UDEF asumiera el expediente Plus Ultra, una aerolínea rescatada con 53 millones de euros públicos a través de la SEPI durante el Gobierno de Pedro Sánchez.
La decisión resulta especialmente controvertida porque la UCO ya dirigía las macrocausas de corrupción que más comprometen a La Moncloa: trama Koldo, caso Begoña Gómez, caso David Sánchez, trama Hidrocarburos y la operación Leire.
El trasfondo: una UDEF debilitada desde la llegada de Sánchez
Entre 2018 y 2023, la UDEF habría perdido casi la mitad de sus efectivos, según estimaciones internas. Los motivos, apuntan las fuentes:
- Traslados masivos de especialistas.
- Falta de “horizonte profesional” al retirársele los grandes casos.
- Percepción interna de que investigar corrupción política estaba penalizado dentro del Ministerio del Interior.
El resultado: una UDEF debilitada justo antes de recibir el caso Plus Ultra, una coincidencia que ha encendido todas las alarmas policiales.
Pagos sospechosos y vínculos directos con Zapatero y sus hijas
Durante la instrucción del caso, agentes han detectado pagos calificados como “sospechosos” entre la empresa de las hijas de Zapatero —Alba y Laura Rodríguez Espinosa— y el empresario Julio Martínez, amigo personal del expresidente.
Las fuentes policiales consultadas afirman que el material incriminatorio ya sería suficiente para haber detenido al propio Zapatero y a sus hijas, una afirmación de enorme gravedad que subraya la tensión interna del caso.
Según estas fuentes, Zapatero mantiene aún “gran poder” sobre las cloacas del Ministerio del Interior, especialmente a través de Segundo Martínez, exjefe de Seguridad de Moncloa.
¿Investigación o control de daños? Las dudas se multiplican en la Policía
La cúpula de la Policía Nacional atraviesa —según mandos internos— el periodo de mayor politización desde la Transición.
El hecho de que la Fiscalía ordenara entregar el caso a una UDEF debilitada ha sido interpretado por agentes experimentados como un movimiento para controlar o ralentizar un escándalo que podría hacer caer al Gobierno.
La magnitud de las sospechas no es menor:
- Blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.
- Rescate millonario aprobado por el Gobierno socialista.
- Pagos opacos vinculados al entorno familiar de Zapatero.
- Asignación cuestionada del cuerpo investigador.
Contexto político: un Gobierno cercado por múltiples frentes judiciales
La renuncia del exfiscal general Álvaro García Ortiz, tras ser condenado por revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, añade aún más presión a un Ministerio Público ya en crisis.
Mientras tanto, Teresa Peramato asumió el relevo en un clima institucional marcado por desconfianza, filtraciones y acusaciones internas de manipulación.
Conclusión: una pregunta inevitable
El caso Plus Ultra ya trasciende lo judicial y se ha convertido en un símbolo del deterioro institucional bajo el sanchismo.
Cada nuevo dato apunta a un patrón inquietante: protección política, opacidad y órganos del Estado supuestamente orientados a preservar al Gobierno y a sus aliados.
¿Estamos ante una investigación imparcial o frente a una operación de blindaje político sin precedentes?
