El Ministerio Público vuelve a actuar como escudo de Pedro Sánchez: ha recurrido la decisión judicial que permitía a la UCO de la Guardia Civil investigar los correos oficiales de Begoña Gómez en Presidencia desde 2018.
Fiscalía contra el juez Peinado
La Fiscalía de Madrid ha presentado un recurso de apelación contra la providencia dictada por el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, que ordenaba a la Guardia Civil examinar los correos electrónicos de la esposa del presidente desde julio de 2018 hasta la fecha.
El Ministerio Público califica la medida de “absolutamente desmesurada” y asegura que afecta a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de Gómez. Según su escrito, el juez debió motivar la decisión mediante auto judicial en lugar de una simple providencia.
Un blindaje coordinado
Este recurso de la Fiscalía coincide con la estrategia de la defensa de Begoña Gómez, dirigida por el ex ministro socialista Antonio Camacho, que el pasado lunes pidió también frenar el análisis de los correos.
La defensa sostiene que la providencia judicial “carece de motivación” y no explica la relación de esos correos con los delitos investigados, principalmente la presunta malversación en la contratación de su asesora en Moncloa.
En esencia, tanto la Fiscalía como el equipo jurídico de Gómez buscan impedir que la Guardia Civil acceda a años de comunicaciones oficiales en la sede de la Presidencia del Gobierno, en las que podrían hallarse pruebas clave de irregularidades.
Sospechas sobre la neutralidad de la Fiscalía
El hecho de que la Fiscalía actúe en paralelo a la defensa personal de Begoña Gómez refuerza la percepción de que el organismo, que debería ser garante de la legalidad, se comporta como abogado del presidente del Gobierno.
No es la primera vez que la Audiencia de Madrid advierte al juez Peinado sobre la forma de dictar sus resoluciones, pero ahora el recurso del Ministerio Público parece más enfocado en proteger a Sánchez y su esposa que en garantizar una investigación imparcial.
Comentario editorial de Zero Censura
La jugada es clara: la Fiscalía actúa como muro de contención para Sánchez, intentando evitar que la Guardia Civil investigue lo que podría ser un escándalo monumental en Moncloa.
Mientras en cualquier democracia madura se exigiría transparencia y ejemplaridad en torno a la familia del presidente, en España vemos cómo el poder judicial es frenado por la propia Fiscalía, un organismo que depende jerárquicamente del Gobierno.
Una pregunta queda en el aire:
¿Se protege la intimidad de Begoña Gómez o se oculta la verdad a los españoles?
