La Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha ordenado al fiscal jefe Karim Khan retirarse del expediente por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Nicolás Maduro, al encontrar motivos razonables de conflicto de interés. La decisión, sin precedentes, llega tras meses de denuncias por parálisis deliberada del caso venezolano.
Un fiscal atado al chavismo por lazos familiares y profesionales
El TPI ha confirmado que Khan mantiene una relación profesional, jerárquica y familiar con su cuñada, Venkateswari Alagendra, quien ha actuado como representante internacional del régimen chavista. Este vínculo directo con el aparato represivo de Caracas compromete de forma clara la imparcialidad del fiscal.
A pesar de que la investigación contra el régimen de Maduro fue formalmente aceptada por el TPI en junio de 2023, no se ha producido ningún avance sustancial. Ahora, la decisión de la Sala de Apelaciones pone de manifiesto lo que muchos ya denunciaban: una maniobra de encubrimiento institucional desde dentro del propio tribunal.
Conducta inapropiada y acusaciones de acoso: el historial de Karim Khan
Desde el 16 de mayo, Khan está suspendido temporalmente tras ser acusado de acoso sexual por una integrante de su equipo. Aunque el proceso sigue bajo investigación interna, esta nueva resolución aumenta las sospechas de corrupción moral y política en la cúpula del TPI.
VOX y la denuncia de la inacción ante dictaduras criminales
En marzo, el eurodiputado de VOX, Jorge Martín Frías, denunció en sede europea la pasividad del TPI ante las dictaduras de Venezuela, Cuba e Irán. Señaló con firmeza a Khan por no haber tomado ni una sola medida efectiva contra Maduro, a quien calificó como jefe del Cártel de los Soles y del Tren de Aragua, estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y el terrorismo.
«El fiscal Khan ha protegido con su silencio al régimen asesino del presidente ilegítimo de Venezuela», denunció Frías.
Justicia internacional en entredicho
Este nuevo escándalo confirma lo que muchas víctimas del chavismo temían: la justicia internacional también puede ser secuestrada por intereses políticos y personales. El caso Maduro ha sido uno de los más notorios en cuanto a violaciones sistemáticas de derechos humanos, con pruebas abundantes, pero con cero consecuencias reales.
¿Estamos ante un caso de independencia judicial frustrada o de impunidad institucional garantizada por las propias élites del derecho internacional?
