La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal Supremo la anulación de la fianza de 75.000 euros que le impuso el juez Ángel Hurtado en el marco del procedimiento por la supuesta filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Recurso contra la decisión judicial
El fiscal general ha recurrido en apelación directamente ante la Sala de lo Penal del Supremo, cuestionando tanto la primera decisión del magistrado —una fianza inicial de 150.000 euros— como la segunda, rebajada posteriormente a 75.000 euros tras la rectificación del propio juez. Hurtado corrigió de oficio la cifra al percatarse de que había incluido la eventual multa por el delito de revelación de secretos, algo que, según la defensa, vulnera la Constitución.
Argumentos de la Abogacía del Estado
La Abogacía del Estado ha solicitado igualmente que se anulen ambas fianzas, al considerar que el fiscal general no debería abonar ninguna cantidad en virtud de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado. De manera subsidiaria, ha pedido que se rebaje la cuantía fijada por el magistrado, alegando un precedente judicial: la demanda que González Amador interpuso contra la vicepresidenta María Jesús Montero, en la que reclamaba 40.000 euros por haberle calificado como “defraudador confeso”.
El Supremo desestimó aquella demanda al entender que se trataba de un asunto de interés general, dado que afectaba a una persona vinculada directamente a una figura política de relevancia pública.
La fianza y sus modificaciones
El pasado 9 de septiembre, el juez Hurtado había impuesto inicialmente al fiscal general una fianza de 150.000 euros, destinada a cubrir posibles responsabilidades pecuniarias como costas procesales o multas. No obstante, tras revisar la resolución, redujo la cifra a 75.000 euros, al excluir la eventual sanción económica por revelación de secretos.
Con este recurso, García Ortiz busca ahora que el Supremo deje sin efecto cualquier obligación de pago mientras avanza el proceso judicial.
