Financiación autonómica: Montero lleva el pacto con ERC al CPFF

Hacienda cita a las regiones el 14 de enero con un plan que reabre la batalla por la igualdad

La financiación autonómica vuelve al centro del debate: el Gobierno de Pedro Sánchez reúne este miércoles 14 de enero a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la reforma presentada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Ejecutivo vende más recursos para las regiones, pero varias autonomías —sobre todo las gobernadas por el PP y también algunas socialistas— recelan del diseño por su conexión política con la izquierda catalana.

Sobre la mesa hay un incremento de 21 000 millones en los recursos a repartir respecto al sistema vigente. El plan se financiaría, principalmente, con una mayor cesión de impuestos: las comunidades pasarían a recaudar el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, frente al 50% actual, además de una mayor aportación estatal. Según Hacienda, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid serían las principales beneficiarias del aumento.

Qué es el CPFF y por qué importa

El CPFF existe desde 1980 y es el foro donde Estado y comunidades autónomas coordinan su política fiscal y financiera: ingresos, gastos, transferencias, deuda e inversiones públicas. Lo preside Hacienda y debe reunirse al menos dos veces al año. Asisten los consejeros autonómicos, incluidos País Vasco y Navarra, aunque cuenten con conciertos propios fuera del régimen común.

Su peso es político e institucional: el CPFF negocia, pero quien cambia las leyes es el Parlamento. Aun así, puede marcar la hoja de ruta: en 2009 un acuerdo en el CPFF acabó convertido en ley, en función del equilibrio de fuerzas en el Congreso.

El punto caliente: ordinalidad, ‘status quo’ y el riesgo de privilegios

El elemento más polémico del esquema es que el sistema «tiende a la ordinalidad«: quien más aporta debería mantener posiciones de retorno. Hacienda sostiene que se cumpliría en Cataluña (será la tercera en recibir y la tercera en aportar), pero no en todos los casos. El ejemplo que ya enciende el debate es Madrid, que quedaría por detrás de Cantabria en financiación por habitante, pese a ser la región que más aporta al sistema.

Montero defiende que nadie perderá recursos. Para mantener la financiación por habitante de algunas comunidades, introduce un mecanismo bautizado como «status quo»: Cantabria seguiría como la mejor financiada, por delante de Madrid. El choque político es evidente: el Gobierno promete igualdad, pero blinda ventajas previas y abre la puerta a un reparto que muchos interpretan como un traje a medida para sostener alianzas parlamentarias.

Hacienda también plantea tocar el mecanismo de «solidaridad interterritorial» para recortar la brecha entre la mejor y la peor financiada: pasaría de 1 500 euros por habitante a 700 euros. Además, propone recalcular necesidades por población (incluyendo envejecimiento y dispersión), permitir que las comunidades reclamen parte del IVA generado por sus pymes y crear un fondo por cambio climático.

PP y barones socialistas: el frente contra el diseño de Montero

Las comunidades del PP cargan contra el modelo por lo que consideran una ruptura de la «igualdad» entre españoles, centrando el foco en la ordinalidad vinculada a Cataluña. Varias regiones han elevado el tono: Aragón habla de «insolidaridad»; Murcia denuncia que se privilegia «a los de siempre»; Extremadura asegura que no recibirá «ni un céntimo más»; y Castilla y León lo tilda de «ataque» al sistema. Andalucía y Cantabria, además, cuestionan el método: critican que Sánchez negociara antes con Oriol Junqueras que con ellas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, resumió la posición: «La igualdad de los ciudadanos es innegociable» y calificó la reforma de «tomadura de pelo», al tiempo que reprochó la «rehabilitación» de Junqueras «como ministro de Hacienda».

El malestar no es solo del PP. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha señalado la ordinalidad y las negociaciones con ERC como diana principal, llegando a insinuar la necesidad de elecciones anticipadas. En el lado opuesto, el presidente de Cataluña, Salvador Illa, sostiene que es «el mejor» modelo «sin paliativos» porque «nadie pierde y todo el mundo gana». Entre medias, quedan reticencias conocidas del presidente de Asturias, Adrián Barbón.

La portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha intentado rebajar el choque: dice que los presidentes siempre piden más para su territorio y que el plan debe juzgarse en conjunto, porque «lo difícil es cuadrar las cifras». Pero el núcleo político sigue intacto: el CPFF será un termómetro del desgaste del Gobierno cuando el reparto de dinero se cruza con los pactos que sostienen a Sánchez.