El líder del PP defiende su firmeza contra la corrupción tras la imputación del exministro Montoro, desmarcándose de su legado político y exigiendo transparencia total.
Feijóo se desmarca del pasado y exige rigor judicial
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha marcado un claro cortafuegos político frente a la figura de Cristóbal Montoro, tras conocerse su imputación por corrupción. El exministro de Hacienda está siendo investigado por posibles delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la administración, por su supuesta colaboración con empresas gasistas mientras dirigía la cartera económica bajo los gobiernos de Aznar y Rajoy.
Lejos de mostrar complicidad, Feijóo ha sido tajante: «Mi criterio contra la corrupción no cambia. Lo que haya que investigar, que se investigue», en un mensaje dirigido tanto al poder judicial como a su propio partido.
El PP, entre la ruptura simbólica y la responsabilidad política
Pese a que Montoro presentó su baja voluntaria como militante, el PP abrió un expediente informativo que quedó automáticamente suspendido, evitando una reacción disciplinaria interna. Desde la dirección actual se insiste en que los hechos no tienen conexión alguna con la etapa de Feijóo ni con los equipos económicos del actual partido.
Un caso que incomoda al PP pero fortalece su discurso
El episodio podría ser aprovechado por adversarios políticos para desgastar la imagen del PP. Sin embargo, Feijóo aprovecha la ocasión para reforzar su perfil reformista, distanciándose del pasado y subrayando que el compromiso del PP con la transparencia es innegociable.
La estrategia es clara: cerrar filas internas sin encubrir responsabilidades individuales, en contraste con la permisividad del PSOE en casos como el de Ábalos o la inacción del Gobierno ante escándalos estructurales.
Equipo Económico y las sombras del poder económico-político
Montoro, además de exministro, fundó el despacho Equipo Económico, epicentro del entramado ahora investigado por la Audiencia Nacional. En el sumario constan 28 personas físicas y 5 jurídicas imputadas, y se investiga un presunto diseño normativo hecho a medida de ciertas compañías gasistas.
Desde el PP actual, estas conexiones son vistas como una herencia tóxica que debe ser tratada con cirugía política: sin negacionismo, pero sin permitir que contamine el presente del partido.
¿Se impondrá la regeneración dentro del PP o los fantasmas del pasado seguirán condicionando el futuro del centroderecha español?
