El Consejo de Ministros aprobó este martes el Estatuto del Becario, una norma largamente esperada que pretende regular de manera definitiva la figura del estudiante en prácticas. El texto, que aún debe superar el trámite parlamentario antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), impone nuevas obligaciones económicas a autónomos y pequeñas empresas que cuenten con becarios y refuerza la vigilancia sobre posibles abusos laborales.
El objetivo del Gobierno, según explicó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es “garantizar que las prácticas tengan un verdadero valor formativo y no sustituyan puestos de trabajo reales”. Sin embargo, las asociaciones de autónomos y organizaciones empresariales advierten que la norma incrementará significativamente los costes laborales y podría reducir el número de oportunidades disponibles para los estudiantes.
Compensación obligatoria de gastos
El Estatuto establece que las empresas que acojan becarios deberán compensar los gastos derivados de su actividad formativa, incluyendo desplazamientos, alojamiento y manutención, siempre que el estudiante no reciba una remuneración. Asimismo, se prohíbe expresamente que las empresas cobren a los estudiantes por realizar prácticas, una práctica que, aunque minoritaria, se ha detectado en algunos sectores.
Estos costes se suman a las cotizaciones a la Seguridad Social que autónomos y pymes ya abonan desde el 1 de enero de 2024, tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/2023. Aunque dichas cotizaciones están bonificadas en un 95%, suponen aproximadamente 200 euros anuales por becario o 130 euros en el caso de prácticas no remuneradas.
Los expertos apuntan que estas nuevas obligaciones impactarán especialmente en sectores como hostelería y turismo, donde los becarios suelen desplazarse para realizar sus prácticas y las empresas ya asumen parte de los gastos logísticos.
Mayor control sobre los “falsos becarios”
Uno de los principales objetivos del Estatuto es reforzar la inspección y control sobre los denominados “falsos becarios”: estudiantes que realizan tareas propias de empleados sin una verdadera finalidad formativa. Para ello, el texto prevé campañas específicas de la Inspección de Trabajo y la capacitación de inspectores para distinguir entre relaciones formativas y laborales.
Además, la norma establece límites claros:
- Las prácticas no podrán realizarse en horario nocturno ni por turnos.
- Las empresas con menos de 30 empleados solo podrán tener un máximo de tres becarios simultáneamente.
- Los estudiantes deberán tener acceso a los mismos servicios e instalaciones que el resto del personal, garantizando un entorno de aprendizaje equitativo.
Impacto económico para autónomos y pymes
El nuevo marco normativo se suma a otras iniciativas en preparación por el Ministerio de Trabajo que también afectarán a los costes empresariales. Entre ellas se incluyen:
- La actualización automática del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) conforme a la inflación.
- El aumento de las indemnizaciones por despido.
- La implantación de un sistema de control horario digital obligatorio para todas las empresas.
Las organizaciones de autónomos advierten que la acumulación de estas medidas podría suponer “un incremento sustancial de los costes laborales antes de 2026”, dificultando la contratación de personal y la oferta de prácticas.
Régimen actual de cotización
Desde el 1 de enero de 2024, los estudiantes en prácticas deben estar afiliados a la Seguridad Social, con independencia de que perciban o no una remuneración. Aunque las cuotas por contingencias comunes cuentan con una reducción del 95%, los autónomos deben asumir el 5% restante.
En el caso de las prácticas remuneradas, la base mínima de cotización corresponde al grupo 7, equivalente al salario mínimo interprofesional de 1.381 euros mensuales. Así, un autónomo que incorpore a un becario remunerado deberá abonar alrededor de 16 euros al mes, es decir, unos 192 euros anuales.
Reacciones
Mientras el Gobierno defiende la ley como “un paso decisivo hacia la dignificación de los estudiantes en prácticas”, las asociaciones empresariales insisten en que la medida pone en riesgo la colaboración educativa con el sector privado.
En opinión de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), el Estatuto “nace con buena intención, pero puede tener un efecto disuasorio para miles de negocios que ya afrontan una fuerte presión fiscal y laboral”.
El texto continuará ahora su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde se prevé un debate intenso antes de su aprobación definitiva.
