El abuso del mes de garantía en arriendos vuelve a encender alarmas en Chile, con denuncias que apuntan a prácticas sistemáticas para evitar devolver dinero a arrendatarios, especialmente migrantes, y que podrían incluso constituir delitos penales.
El negocio oculto del mes de garantía
Lo que debería ser una protección básica para propietarios se ha convertido, en muchos casos, en una herramienta de abuso contra arrendatarios.
El llamado mes de garantía, destinado a cubrir posibles daños o deudas, está siendo utilizado por algunos arrendadores como una fuente extra de ingresos, evitando su devolución bajo distintas excusas o maniobras legales.
Desde Zerocensura, hemos recogido testimonios que evidencian un patrón preocupante:
retenciones injustificadas, contratos ambiguos y cambios de propiedad estratégicos.
El caso que lo ejemplifica todo
Uno de los casos más reveladores es el de un arrendatario migrante, quien accedió a una vivienda con la esperanza de estabilidad, pero terminó enfrentando una situación que hoy denuncia como una estafa encubierta.
La propietaria, a quien identificaremos como ‘María’ para resguardar su identidad, habría realizado una serie de acciones que, según el arrendatario, plantean dudas legales respecto al manejo del mes de garantía
- Primero, arrendo la casa mediante la figura de una corredora con mandato.
- Luego vendió la propiedad a su propia hija mediante crédito hipotecario, sin notificar al inquilino ni actualizar el contrato por cambio de dueño.
- Posterior cambio de corredora quien notifico el cambio de cuenta de deposito del canon de arriendo enviando solo un mensaje de Whatsapp indicando quien era la nueva encargada.
- Luego, alegó que ya no era responsable del arriendo y por lo tanto no tenia los medios para saber como entrego su casa al momento del arriendo.
- Finalmente, se negó a devolver el mes de garantía alegando gastos que según el arrendador no correspondían.
El nuevo propietario —su hija— tampoco asumió ni la representación, ni la devolución de la garantía, generando un vacío que dejó al arrendatario sin posibilidad inmediata de recuperar su dinero.
A esto se suma una práctica cada vez más frecuente:
Muchos propietarios se escudan en corredoras de propiedades, que en numerosos casos carecen del conocimiento legal necesario, pero igualmente bloquean o dilatan la devolución del dinero.
Pero el punto más grave es otro:
Esta maniobra deja al ex arrendatario con toda la carga legal de iniciar una demanda judicial, trasladando el problema a quien ya ha sido perjudicado.
Análisis legal: ¿Estamos ante delitos?
Desde Zerocensura, consultamos a un abogado especialista en Derecho Penal, quien advierte que estas prácticas podrían ir mucho más allá de un simple conflicto civil.
Estafa: posible engaño deliberado
El experto señala que el caso podría encuadrarse en el delito de estafa, regulado en los artículos 468 y siguientes del Código Penal chileno.
Este delito se configura cuando existe engaño o artificio para provocar un perjuicio económico, como podría ser:
- Simular actos para evitar devolver el dinero
- Crear escenarios para eludir responsabilidades contractuales
Las penas pueden alcanzar hasta 5 años de prisión, dependiendo del monto involucrado.
Apropiación indebida: El núcleo del problema
Otro punto clave es la posible apropiación indebida, contemplada en el artículo 470 N°1 del Código Penal.
El mes de garantía, por definición, es un dinero entregado con una finalidad específica.
Si el propietario:
- No acredita daños
- Se niega a devolverlo sin justificación
podría estar incurriendo en este delito, con penas similares a la estafa.
Simulación de actos: La supuesta venta “sospechosa”
La venta del inmueble a un familiar —como en este caso según lo aportado— podría constituir una simulación de acto jurídico.
Aunque no siempre es delito por sí misma, el abogado advierte que:
“Si la simulación se utiliza para defraudar, pasa a ser parte del engaño penal”
Esto refuerza la existencia de estafa y agrava la responsabilidad.
Corredoras bajo la lupa: ¿Cómplices?
Uno de los puntos más sensibles del análisis es el rol de las corredoras.
Según el especialista, su responsabilidad se rige por los artículos 15 y 16 del Código Penal, que regulan la participación en delitos.
Esto implica que:
- Si una corredora colabora sabiendo que hay un fraude, puede ser cómplice
- Si tiene un rol activo, incluso podría ser considerada autora
Lo que abre un debate hasta ahora poco explorado:
¿Están operando algunas corredoras como facilitadoras de abusos en el mercado inmobiliario CHILENO?
¿Vacío legal o estrategia deliberada?
Este tipo de situaciones abre un debate incómodo en Chile:
- ¿Se trata de lagunas legales?
- ¿O de un sistema que permite abusos sistemáticos?
Los expertos coinciden en que los procesos judiciales son:
- Lentos
- Costosos
- Poco accesibles para el ciudadano común
Especialmente para migrantes, que enfrentan una doble vulnerabilidad.
Migrantes: El blanco más fácil
Diversas organizaciones advierten que los arrendatarios migrantes son los más afectados:
- Menor acceso a asesoría legal
- Urgencia por vivienda
- Mayor exposición a abusos
Esto deja una pregunta incómoda sobre la mesa:
¿Es esto xenofobia encubierta o simple oportunismo aprovechado sin control?
Un sistema que protege al fuerte
El problema refleja fallas estructurales:
- Falta de fiscalización real
- Contratos diseñados en favor del propietario
- Ausencia de mecanismos rápidos de restitución
El resultado es claro:
el propietario retiene el dinero, y el arrendatario debe luchar para recuperarlo.
Zerocensura seguirá investigando
Desde Zero Censura, advertimos que este no es un caso aislado, sino parte de una práctica que podría estar extendida en todo el país.
Este medio digital continuará:
- Recopilando testimonios
- Consultando expertos
- Exponiendo abusos
Porque la pregunta sigue abierta:
¿Quién controla a quienes hoy controlan el dinero de miles de arrendatarios en Chile?
