La UCO detecta un agujero de 671.000 € en las cuentas del exministro; el alto tribunal autoriza rastrear sus sueldos, dietas y aportaciones a la caja socialista de 2014 a 2024
Nuevo mazazo para el PSOE. El magistrado del Supremo Leopoldo Puente, que instruye la rama aforada del caso Koldo, ha dado luz verde a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para fiscalizar al milímetro los ingresos parlamentarios y las presuntas donaciones partidarias de José Luis Ábalos, exministro de Fomento y mano derecha de Pedro Sánchez hasta 2021.
Un desajuste que huele a mordida
- Retribuciones: la Agencia Tributaria certifica que el Congreso pagó a Ábalos 751.421,57 € en sueldos, dietas y complementos durante una década.
- En sus cuentas solo figuran 79.841,74 € procedentes de la Cámara Baja.
- Donaciones al PSOE declaradas a Hacienda: 44.729,29 €.
- Ingresos reales localizados: apenas 8.471,36 €.
La brecha de casi 671.000 € entre lo que debía cobrar y lo que realmente ingresó —sumada a aportaciones “fantasma” al partido— ha llevado a la UCO a reclamar al Congreso y al PSOE toda la trazabilidad de los pagos: fechas, métodos, titulares y cuentas de destino.
El juez justifica la medida para “esclarecer la verdadera situación económica del investigado” y ordena la máxima celeridad “en una causa con preso”, aludiendo al exsecretario de Organización Santos Cerdán, encarcelado desde el 30 de junio por el cobro de comisiones en obra pública.
La versión del PSOE: “Todo está fiscalizado”
Ferraz se defiende alegando que:
- Los diputados socialistas no cobran directamente del Congreso: las nóminas se ingresan en una cuenta del partido y el PSOE paga después al parlamentario.
- “Todas las aportaciones están declaradas ante Hacienda y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.
Sin embargo, ese sistema de “cuenta puente” dejaría sin explicar por qué, según la UCO, las cifras no cuadran ni con la AEAT ni con los extractos bancarios personales de Ábalos.
Más pesquisas: Cerdán, Koldo y la Fundación Fiadelso
El magistrado exige asimismo la vida laboral y estados patrimoniales de los empresarios acusados de pagar sobornos, de Cerdán, de Koldo García y de su exesposa. También ordena a Hacienda indagar la fundación Fiadelso, vinculada a Ábalos, y la sociedad Servinabar S.L., donde la Guardia Civil sitúa participaciones a nombre de Cerdán.
Un PSOE blindado… de momento
Mientras en Moncloa insisten en hablar de “becas y pensiones”, la realidad judicial se impone: Ábalos, Cerdán y el pago opaco de nóminas socialistas se han convertido en el epicentro del mayor escándalo de corrupción de la era Sánchez. Y ahora es el Supremo quien hace las preguntas.
¿Quién moverá primero: la Justicia o un PSOE que se niega a cortar la gangrena? La respuesta marcará el futuro inmediato de un Gobierno que ya no puede tapar los agujeros con propaganda.
