La Unión Europea ha dado un paso firme en la defensa de la integridad financiera continental: el Parlamento Europeo aprobó este miércoles la inclusión de Venezuela en la lista de países de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo. La decisión, que había sido adoptada previamente por la Comisión Europea, fue ratificada sin objeciones por los eurodiputados en Estrasburgo.
Esta medida implica que las instituciones financieras europeas deberán aumentar los controles y la vigilancia sobre cualquier operación relacionada con Venezuela, como mecanismo de defensa frente a transacciones opacas o con potenciales vínculos con redes ilícitas.
Un régimen en entredicho
El chavismo no tardó en reaccionar. El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano calificó la medida de “ridícula” y, fiel a su retórica habitual, acusó a Europa de “doble moral” y de sumarse a una supuesta campaña de asedio político. No obstante, el diagnóstico europeo se basa en informes técnicos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización intergubernamental especializada en el combate contra el lavado de activos, el terrorismo financiero y la proliferación de armas.
Venezuela no está sola en la lista… pero lidera las preocupaciones
Junto a Venezuela, también fueron incluidos otros países como Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal, todos considerados de vigilancia prioritaria para la seguridad financiera del bloque.
Por el contrario, fueron retirados del listado países como Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos, lo que demuestra que la inclusión o salida no es arbitraria, sino resultado de revisiones técnicas y cooperación bilateral.
Riesgos económicos y diplomáticos
La inclusión de Venezuela como país de riesgo no es menor: afecta la confianza internacional, dificulta la inversión extranjera, y puede llevar a un mayor aislamiento financiero de un régimen ya cuestionado por sus abusos contra los derechos humanos, sus vínculos con estructuras criminales y su opacidad fiscal.
Para Europa, como señaló la comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, “identificar jurisdicciones de alto riesgo es una herramienta clave para proteger la integridad del sistema financiero europeo”.
