Casi 50 días después del estallido del caso Cerdán, el Ejecutivo ha decidido dar el primer paso en la estrategia anunciada por Pedro Sánchez contra la corrupción. El presidente ha encargado a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, coordinar una comisión interministerial en la que participarán cinco ministros y el jefe de Gabinete de la Moncloa.
El nuevo órgano, aprobado mediante decreto, tendrá la capacidad de impulsar grupos de trabajo específicos con el objetivo de diseñar un plan integral de regeneración. Sin embargo, el texto publicado mantiene un tono marcadamente voluntarista y no concreta medidas inmediatas ni plazos de ejecución.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca mostrar compromiso político tras semanas de presión mediática y oposición por el caso Cerdán. No obstante, la falta de contenido normativo en el decreto ha reavivado las dudas sobre la efectividad real de la comisión en la lucha contra la corrupción.
