La defensa del fiscal general del Estado, asumida de manera conjunta por la Abogacía del Estado y, de forma excepcional, por la propia Fiscalía, ha desencadenado un terremoto institucional sin precedentes. Para apuntalar la inocencia de Álvaro García Ortiz, ambas instituciones han puesto bajo sospecha a piezas clave del sistema judicial español: la Fiscalía de Madrid, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Tribunal Supremo. Una estrategia que ha reavivado un debate incómodo: ¿hasta qué punto puede el Estado cuestionarse a sí mismo para salvar a uno de sus altos cargos?
El origen del caso: un correo comprometedor y una filtración inmediata
El 2 de febrero de 2024, el abogado de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso— envió a la Fiscalía de Madrid un correo confidencial proponiendo un acuerdo penal por dos delitos fiscales. Era información protegida por el derecho de defensa.
El 13 de marzo, a las 21:59, ese mismo correo termina en la cuenta personal del fiscal general, tras exigirle a Julián Salto, el fiscal del caso, que se lo reenviara de inmediato. Apenas once minutos después, la Cadena SER publica una noticia con citas literales del mensaje.
Días más tarde, el 16 de octubre —el mismo día en que el Supremo lo imputó por revelación de secretos— García Ortiz borró mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, documentos en PDF y Word, e incluso su historial de navegación. Siete días después, cambió de teléfono móvil. Él lo atribuye a “protocolos internos”.
Sin embargo, los peritos de la UCO no encontraron rastro digital alguno que acreditara que el correo circuló antes de llegar al fiscal general. Tampoco localizaron pruebas que respaldaran la afirmación de algunos periodistas que aseguraron haber accedido a esa información antes del 13 de marzo.
El juicio: cuando el propio Estado siembra dudas sobre sus instituciones
Durante las sesiones en el Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado cuestionó uno a uno los principales indicios que vinculan a García Ortiz con la filtración. Pero el impacto de esta estrategia fue mayor que el proceso mismo: supuso señalar públicamente a organismos que tradicionalmente han gozado de máxima credibilidad institucional.
La pieza clave: el testimonio de Almudena Lastra
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se convirtió en el principal testigo de cargo. Su declaración fue determinante:
- Aseguró que, la mañana del 14 de marzo, García Ortiz la llamó para reprocharle: “Has filtrado los correos”.
- Admitió que la nota de prensa publicada más tarde —y que contenía datos reservados del investigado— se elaboró por orden directa del fiscal general.
- Confirmó que la premura por difundirla venía del propio García Ortiz, quien insistió: “Es imperativo sacarla. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato”.
- Señaló que los medios —La SER y El País— conocieron la existencia de la nota antes de que la propia Fiscalía de Madrid, competente en el caso, fuese informada.
Su testimonio dio un vuelco al juicio y provocó que diversos sectores políticos y mediáticos intentaran situarla como posible autora de la filtración. Incluso se difundió la idea —falsa— de que dependía jerárquicamente de la Comunidad de Madrid. La realidad es que su único superior es el propio fiscal general del Estado.
La UCO: el otro gran señalado
La declaración del teniente coronel Antonio Balas, uno de los peritos de la UCO, también resultó contundente:
- Aseguró que el fiscal general eliminó mensajes, correos y archivos.
- Confirmó que solo la Fiscalía General tenía el expediente completo en el momento en que eldiario.es publicó información reservada.
- Señaló que todas las filtraciones textuales procedían de documentación que estaba únicamente en manos de la Fiscalía General del Estado.
La Abogacía contraatacó acusando a los agentes de irregularidades, acusaciones que sorprendieron al cuerpo, habituado a trabajar codo a codo con la Fiscalía en investigaciones de corrupción.
La sombra sobre el Tribunal Supremo
El desenlace depende ahora de los siete magistrados del Supremo. La tensión política en torno al fallo crece cada día:
- Si García Ortiz es absuelto, se señalará al juez instructor, Ángel Hurtado, y se cuestionará la validez de su investigación.
- Si es condenado, desde los sectores afines al Gobierno se prepara ya una campaña para denunciar prevaricación, lawfare y una supuesta “caza política” contra el fiscal general.
Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino públicamente para dar por inocente a García Ortiz antes de que el tribunal deliberara, lo que muchos juristas consideraron una injerencia impropia en el Poder Judicial.
Un daño institucional irreversible
El caso, más allá de su resolución penal, deja una fractura evidente:
- La Fiscalía contra la propia Fiscalía.
- La Abogacía del Estado cuestionando a la UCO.
- El Gobierno anticipando el veredicto del Supremo.
- Los partidos midiendo cada paso para explotar políticamente el resultado.
El comentario del analista Antonio Maestre resume la situación: cualquier fallo afectará a las propias instituciones, porque la erosión ya está hecha.
Lo único claro es que este proceso ha puesto al país ante un espejo incómodo: cuando el Estado se enfrenta al Estado, no hay vencedor posible… y la confianza ciudadana es siempre la primera en caer.
