La administración de Joe Biden autorizó la venta de 20 rifles de francotirador de alta precisión al BOPE, una de las unidades policiales más temidas y polémicas de Brasil, pese a las advertencias de diplomáticos estadounidenses sobre su historial en violaciones de derechos humanos. Apenas un año después, esa misma unidad protagonizó la redada más sangrienta en la historia reciente de Brasil, con un saldo de 121 muertos, incluidas posibles ejecuciones extrajudiciales.
Rifles estadounidenses en manos de una unidad con historial mortal
En mayo de 2023, durante la presidencia de Biden, el BOPE adquirió en una operación no anunciada 20 rifles de francotirador fabricados por Daniel Defense LLC, con sede en Georgia. Las armas llegaron a Brasil en 2024, justo en medio de un intenso debate interno en el Departamento de Estado sobre la conveniencia de autorizar la exportación.
Junto con los rifles, el BOPE intentó importar silenciadores fabricados por Griffin Armament, empresa de Wisconsin. Aunque el envío fue inicialmente bloqueado, posteriormente hubo presión interna para autorizarlo. A pesar de los antecedentes del BOPE, el equipo no fue denegado por la actual administración.
El BOPE y la redada que dejó 121 muertos
El BOPE, conocido por sus operativos en favelas, participó en una incursión masiva en el complejo de Penha (Río de Janeiro) el 28 de octubre de 2025. 121 personas murieron, entre ellas cuatro policías. El operativo fue ampliamente condenado por organismos de derechos humanos y expertos de Naciones Unidas, quienes advirtieron sobre la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza.
Aunque no se ha confirmado si los rifles estadounidenses fueron usados en dicha operación, la coincidencia temporal y la falta de controles despiertan serias dudas sobre el papel de EE. UU. en el refuerzo operativo de fuerzas acusadas de abusos.
Oposición diplomática ignorada
Un memorando del Departamento de Estado de enero de 2024 advertía que el BOPE es «una de las unidades policiales más notorias de Brasil en cuanto a asesinatos de civiles». Elizabeth Bagley, entonces embajadora en Brasil, se opuso firmemente al acuerdo, al igual que funcionarios especializados en derechos humanos.
El mismo documento citaba que la policía de Río de Janeiro fue responsable de 703 muertes en 2023, y señalaba incidentes como la masacre de Vila Cruzeiro, donde 23 personas fueron asesinadas en un solo operativo del BOPE en 2022.
El rol de Ricardo Pita y la presión interna
Uno de los principales impulsores de la venta fue Ricardo Pita, entonces asesor de política latinoamericana en el Congreso de EE. UU., y hoy alto funcionario del Departamento de Estado. Pita, de origen venezolano y defensor del acercamiento con Jair Bolsonaro, presionó internamente para autorizar la venta de los silenciadores y pidió información sobre qué diplomáticos se habían opuesto al acuerdo.
En 2024, Pita visitó un centro del BOPE en Río como parte de una delegación del Congreso, lo que causó malestar entre diplomáticos, dado el largo historial de abusos atribuidos a la unidad.
¿Seguridad hemisférica o complicidad institucional?
Desde la administración Trump, se justificó la venta afirmando que las «desastrosas políticas exteriores de Biden» perjudicaron a aliados estratégicos, y que ahora se busca garantizar que las fuerzas de seguridad cuenten con “las herramientas necesarias para combatir a los criminales más despiadados”.
Sin embargo, expertos advirtieron que estas armas podrían terminar siendo usadas no para combatir el crimen organizado, sino para ejecutar a sospechosos sin juicio, como ha ocurrido repetidamente en el pasado.
La Fiscalía brasileña incluso ha presentado cargos contra agentes del BOPE vinculados con grupos criminales conocidos como milicias, dedicados a la extorsión en diversas zonas de Río.
Apoyo popular vs. denuncias de impunidad
Una encuesta de AtlasIntel publicada tras la redada reveló que el 55 % de los brasileños apoyaba el operativo, cifra que se eleva al 62 % entre los residentes de Río. El hartazgo ciudadano con el crimen violento ha convertido al BOPE en una fuerza popular, especialmente en sectores que exigen «mano dura».
No obstante, los informes del Departamento de Estado y organismos internacionales insisten en que existe un patrón persistente de impunidad en las operaciones policiales, con casos documentados de uso excesivo de la fuerza, ejecuciones y negación de atención médica a heridos.
Conclusión
Estados Unidos ha entregado armas de precisión a una unidad acusada de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ignorando advertencias internas y validando una lógica de represión sin control. Esta venta no solo compromete la credibilidad moral de la política exterior estadounidense, sino que deja a Washington en una posición incómoda frente a sus propios principios.
¿Estamos ante una estrategia legítima de seguridad hemisférica o ante un nuevo episodio de cinismo geopolítico disfrazado de cooperación?
