La Administración Trump ha lanzado un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez: cancelar antes del 31 de agosto un contrato de 12,3 millones de euros adjudicado a la multinacional china Huawei para el almacenamiento de escuchas judiciales o enfrentarse a una drástica reducción del intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos.
El aviso, que eleva la tensión diplomática entre Madrid y Washington, fue transmitido por la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien además ha abierto una investigación formal para determinar si el acuerdo supone un riesgo para la seguridad nacional y para la OTAN.
Bases militares y seguridad aliada en juego
Estados Unidos recuerda que España alberga dos bases militares estratégicas: la de Rota (Cádiz) y la de Morón (Sevilla), esenciales para operaciones conjuntas. Washington teme que, al estar Huawei sujeta a leyes chinas, pueda verse obligada a compartir datos con el Partido Comunista Chino, comprometiendo información sensible de operaciones militares y de inteligencia.
La advertencia llega en un contexto de máxima desconfianza hacia Pekín y en plena pugna tecnológica global, con la compañía china ya vetada en países aliados como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Suecia.
Críticas internas y presión de Bruselas
El Partido Popular ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de poner en riesgo la seguridad de España y sus aliados, y ha solicitado la comparecencia en el Congreso y el Senado de los ministros de Justicia, Exteriores, Defensa e Interior para explicar los motivos de la adjudicación.
La Comisión Europea también ha advertido a los Estados miembros sobre la necesidad de restringir o excluir a Huawei de las infraestructuras críticas y redes 5G. Aunque no mencionó expresamente a España, su portavoz de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, alertó del “riesgo claro” para la ciberseguridad de toda la UE si no se actúa con rapidez.
España, en la cuerda floja diplomática
A diferencia de otros socios europeos que han impuesto vetos formales a Huawei, el Gobierno español ha optado por no confrontar abiertamente a China, asegurando que cumple las recomendaciones de Bruselas. Esta ambigüedad sitúa a Madrid en una posición delicada frente a Washington, que exige una respuesta inmediata.
El ultimátum llega en un momento de relaciones bilaterales frágiles, con tensiones previas por el gasto en Defensa en el marco de la OTAN y por las diferencias en materia comercial. Si España no da marcha atrás, el flujo de información compartida sobre terrorismo, crimen organizado y amenazas cibernéticas podría verse severamente reducido, un golpe a la cooperación estratégica en un contexto geopolítico crítico.
Estados Unidos no ha dejado lugar a dudas: mantener el contrato con Huawei podría tener un precio muy alto para la seguridad nacional y para la alianza transatlántica.
