DANA en Valencia: careo Pradas-Cuenca por WhatsApp y confinamiento
La jueza busca aclarar contradicciones sobre la gestión del 29-O
La exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, investigada por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, y el exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, se enfrentan este lunes en un careo acordado por la jueza instructora. El choque llega tras la aportación a la causa de mensajes de WhatsApp intercambiados en las horas críticas de la riada y después de que Cuenca sostuviera como testigo que estaban ‘descontextualizados’.
El objetivo del careo es despejar las posibles contradicciones sobre cómo se gestionó la emergencia. La controversia central gira en torno a los mensajes en los que Cuenca advierte a Pradas de la inconveniencia de ordenar un confinamiento y, sobre todo, de dónde sale esa posición: si fue una opinión personal, una interpretación jurídica o una directriz política.
Los mensajes bajo la lupa: ‘De confinar, nada’
En su primera declaración (como testigo) ante la instructora, el 26 de noviembre, Cuenca negó haber dado indicación alguna a Pradas. Sin embargo, el 5 de diciembre Pradas hizo públicos varios mensajes atribuidos a Cuenca, entre ellos uno especialmente contundente: ‘De confinar, nada’.
En otro texto, Cuenca le habría escrito: ‘Salomé, para confinar hace falta un estado de alarma, y eso lo decreta la chica que tienes al lado’, en alusión a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, conectada al Cecopi de forma telemática. El intercambio se remata con una petición de ‘calma’ a la entonces consellera.
Tras conocerse esos mensajes, incorporados al procedimiento por la defensa de Pradas, Cuenca fue citado a declarar por segunda vez el 12 de diciembre. En esa comparecencia negó que trasladase a Pradas ninguna orden de Mazón y afirmó que su postura contraria al confinamiento venía de una consulta previa a la Abogacía de la Generalitat.
Informe jurídico: llamadas sí, consulta escrita no
Para verificar ese extremo, la jueza solicitó el 22 de diciembre un informe a la Abogacía de la Generalitat sobre si algún alto cargo del Consell consultó verbalmente o por escrito durante la dana que dejó 230 víctimas mortales. El documento, ya unido a la causa, señala que no hubo consultas por escrito desde altos cargos de Justicia, Medio Ambiente o Presidencia, aunque sí constan llamadas telefónicas breves aquella tarde.
En concreto, el entonces subsecretario de Justicia e Interior, Ricardo García, llamó al coordinador jurídico de la Abogacía en esa Conselleria y preguntó si un eventual confinamiento tendría soporte legal. La respuesta fue afirmativa, indicando preceptos que permitirían fundamentarlo. Es decir: según el informe, la Abogacía respaldó la posibilidad del confinamiento, lo que alimenta las contradicciones con lo declarado por Cuenca.
Lectura política: la batalla del relato en plena instrucción
Más allá del intercambio de mensajes, el careo pone sobre la mesa algo más incómodo: cómo, en las horas decisivas, el debate sobre medidas de protección pública pudo quedar atrapado entre interpretaciones jurídicas, responsabilidades cruzadas y la clásica tentación política de señalar al ‘otro’ (Consell vs. Delegación del Gobierno) cuando el coste reputacional se dispara.
El punto sensible es doble. Primero, si hubo una presión —formal o informal— para evitar el confinamiento. Segundo, si se está intentando reconstruir a posteriori una coartada: que ‘no se podía’ sin estado de alarma, cuando el propio informe apunta que sí existía base jurídica para sostenerlo. En esa grieta se decide parte del caso: no solo qué se dijo, sino por qué se dijo y con qué intención.
Por estas contradicciones, la jueza ha citado también como testigos (sin fecha concreta por ahora) al entonces subsecretario Ricardo García y a dos abogados de la Generalitat.
