La apertura minera impulsada por el chavismo y respaldada por acuerdos internacionales vuelve a encender la polémica. El dirigente opositor Andrés Velásquez advierte que el negocio del oro podría profundizar el desastre ambiental y el control de mafias en el sur de Venezuela.
Velásquez alerta sobre la expansión minera sin control ambiental
El dirigente político venezolano Andrés Velásquez, referente del partido La Causa R, expresó una fuerte preocupación por la apertura del sector minero venezolano a acuerdos internacionales, especialmente tras anuncios recientes vinculados a exportaciones de oro y nuevas inversiones en el sector.
Durante una entrevista con el periodista Fernando Tineo, Velásquez señaló que los nuevos acuerdos mineros anunciados por el gobierno de Delcy Rodríguez no mencionan de forma clara la protección del medio ambiente, algo que considera alarmante para el sur del estado Bolívar, una región ya devastada por la explotación ilegal.
Según el dirigente opositor, incluso se habría confirmado el envío de un primer cargamento de oro valorado en aproximadamente 100 millones de dólares, lo que demuestra que la actividad minera se está intensificando sin que exista, a su juicio, una política ambiental transparente.
“Siento una enorme preocupación porque en esta apertura minera no veo por ningún lado el tema ambiental”, afirmó.
El “Arco Minero de la muerte”: denuncias sobre mafias y violencia
Velásquez fue especialmente crítico con la situación del Arco Minero del Orinoco, una vasta zona rica en minerales creada en 2016 para impulsar la explotación de oro y otros recursos.
El dirigente lo calificó nuevamente como “el arco minero de la muerte”, denunciando que la región se ha convertido en un territorio dominado por grupos armados, mafias criminales y organizaciones guerrilleras.
Según sus declaraciones, en esa zona operarían:
- Grupos del ELN
- Disidencias de las FARC
- Bandas criminales organizadas
- Pranes mineros que controlan territorios
Estas organizaciones se disputan el control del oro mediante violencia extrema y enfrentamientos armados, una situación que —según Velásquez— ocurre con la permisividad o incluso participación de estructuras estatales.
Oro, divisas y opacidad: la estrategia económica del chavismo
El gobierno venezolano ha intensificado en los últimos meses su apuesta por la minería como fuente de ingresos.
La administración encabezada por Delcy Rodríguez anunció que la producción de oro alcanzó 9,5 toneladas en 2025 y que el objetivo es incrementarla un 30 % durante 2026 para generar más divisas para el país.
Esta estrategia forma parte de una política más amplia para atraer inversión extranjera y abrir el sector minero a capital internacional, incluyendo reformas legales que permitirían nuevas asociaciones con empresas privadas.
Sin embargo, organizaciones ambientales y de derechos humanos han denunciado durante años que la expansión minera en el sur de Venezuela ha provocado graves daños ecológicos, incluyendo contaminación por mercurio, deforestación masiva y afectación de territorios indígenas.
Comunidades indígenas y ambiente: el gran ausente del debate
Velásquez insistió en que las comunidades indígenas y los habitantes del estado Bolívar viven con creciente preocupación ante la expansión del modelo minero.
El dirigente criticó que los acuerdos anunciados no mencionan cómo se protegerá el ecosistema amazónico ni qué medidas se tomarán contra las mafias que dominan la extracción ilegal de oro.
Para el político opositor, la falta de transparencia en el negocio del oro podría agravar tanto la crisis ambiental como la inseguridad en la región.
Un negocio millonario rodeado de sombras
El auge del oro se ha convertido en uno de los pilares económicos del régimen venezolano tras el colapso de la industria petrolera. Sin embargo, las cifras reales de producción y exportación siguen rodeadas de opacidad y escaso control institucional.
Mientras el gobierno presenta la minería como una vía para obtener divisas y estabilizar la economía, críticos como Velásquez advierten que el Arco Minero podría convertirse en el mayor desastre ambiental y humanitario de la historia reciente de Venezuela.
Porque la pregunta de fondo sigue sin respuesta:
¿Puede un país reconstruir su economía a costa de destruir su Amazonía y entregar el control del oro a redes criminales?
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