El expresidente filipino se enfrenta a tres cargos por asesinatos sistemáticos cometidos durante su mandato. La Fiscalía de la CPI lo considera responsable directo de una campaña de ejecuciones extrajudiciales que dejó hasta 30 000 muertos.
Duterte, señalado por la justicia internacional
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha acusado formalmente al expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, de tres cargos de crímenes de lesa humanidad, al considerarlo responsable de una política de asesinatos generalizados en el marco de su guerra contra las drogas.
En un escrito de cargos publicado este lunes, la Fiscalía sostiene que Duterte es “plenamente responsable a título individual” como coautor indirecto, al haber “ordenado, inducido o instigado” ejecuciones extrajudiciales.
El documento asegura que Duterte “era consciente de que bajo su autoridad se cometerían crímenes violentos, incluidos asesinatos” y que actuó con plena intención de participar en esa conducta.
Del Escuadrón de la Muerte a la presidencia
Según la acusación, Duterte comenzó esta estrategia en 2011 como alcalde de Davao, dirigiendo al llamado Escuadrón de la Muerte, y la consolidó en 2016, ya como presidente, a través de una red nacional de policías, agentes antidroga y sicarios.
La Fiscalía detalla tres episodios clave:
- El asesinato de 19 personas en Davao durante su etapa como alcalde.
- La ejecución de 14 objetivos de alto valor acusados de narcotráfico al inicio de su presidencia.
- Al menos 45 asesinatos e intentos de asesinato en barrios de Manila y otras ciudades entre 2016 y 2018.
Una guerra con miles de víctimas
La llamada “guerra antidroga” de Duterte dejó oficialmente 6 000 muertos, aunque organizaciones de derechos humanos denuncian que la cifra real asciende a 30 000 víctimas, muchas en ejecuciones sumarias atribuidas a la policía y grupos paramilitares.
En 2019, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, tratado que rige la CPI, en un intento de evadir la justicia internacional. Sin embargo, la Corte mantiene su jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras el país formaba parte del tratado.
Un plan común con incentivos para matar
La fiscal de la CPI, Mame Mandiaye Niang, señaló que Duterte utilizó a las fuerzas de seguridad y a sicarios contratados para ejecutar a sospechosos, estableciendo listas negras y ofreciendo “incentivos monetarios” a los policías que cumplieran con los asesinatos.
“Duterte compartía un plan común para neutralizar a supuestos delincuentes mediante delitos violentos”, subrayó la acusación.
Defensa y estado de salud
El proceso debía arrancar este martes, pero fue aplazado después de que la defensa alegara que Duterte, de 80 años, “no está en condiciones de ser juzgado”.
El expresidente fue detenido el 12 de marzo de 2025 tras una orden internacional de arresto y compareció por primera vez ante la Corte dos días después.
La defensa insiste en supuestos errores procesales, mientras que la Fiscalía asegura que las pruebas son suficientes y que el exmandatario debe rendir cuentas ante la justicia internacional.
Análisis Zero Censura
El caso Duterte representa un hito judicial y político: por primera vez un expresidente asiático es llevado ante el tribunal de La Haya por crímenes de lesa humanidad.
La gran incógnita es si la presión internacional logrará romper la impunidad de líderes autoritarios que, en nombre de la seguridad, aplican políticas de exterminio que cuestan decenas de miles de vidas.
