España cae en picado en todos los rankings internacionales de calidad institucional. Bajo el mandato de Pedro Sánchez, el país ya comparte clasificación con México, Turquía o Colombia en términos de corrupción política. Bruselas, la OCDE y el Banco Mundial lo confirman.
Informes internacionales denuncian un deterioro institucional sin precedentes en España desde 2019. Sánchez ha convertido una democracia avanzada en un Estado bajo sospecha, donde el respeto a la ley, la seguridad jurídica y la transparencia han quedado en entredicho.
España ya no es vista como una democracia avanzada, sino como uno de los países más corruptos del mundo desarrollado. Así lo indica el último informe del Varieties of Democracy Institute (V-Dem), difundido por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que sitúa a nuestro país como el que más ha empeorado en el control de la corrupción desde que Pedro Sánchez llegó al poder.
Subida del 178 % en cinco años: el precio del sanchismo
El informe revela un dato alarmante: la corrupción en España se ha disparado un 178 % desde 2019. Hemos pasado del puesto 23 al 14 en el ranking de corrupción política de la OCDE, una clasificación en la que cuanto más arriba, peor desempeño. España ya aparece junto a países como Hungría, Turquía, México o Colombia.
El retroceso es tan grave que se trata del peor dato de toda la OCDE en los últimos cinco años. Y no es una percepción ideológica: es una conclusión avalada por organismos internacionales, desde el Banco Mundial hasta la Comisión Europea.
La empresa privada, en alerta: 9 de cada 10 creen que la corrupción es generalizada
Según el último informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, el 91 % de las empresas españolas considera que la corrupción está generalizada, frente al 64 % de media en la UE. Más aún: el 51 % la ve como un obstáculo real para su actividad, frente al 36 % de media.
El problema ya no es político: es estructural. España ha perdido credibilidad ante inversores, emprendedores y organismos europeos.
España, al borde del colapso institucional
El Índice de Seguridad Jurídica del Instituto Juan de Mariana (IJM), también publicado en julio, sitúa a España en el puesto 20 de los 27 países de la UE, con apenas 6,5 sobre 10. Es la peor puntuación de nuestra historia democrática.
Entre los factores que explican este desplome:
- Caída en el Índice de Transparencia Internacional: 10 puestos menos en solo un año; puesto 46 mundial, el peor desde los 90.
- Déficit regulatorio del 33,4 % respecto a Europa: frena inversión y ahoga a autónomos.
- Deterioro del Estado de Derecho: según el Banco Mundial, España está entre los cinco países desarrollados que más han deteriorado su calidad institucional desde el 2000.
- Efectividad del Gobierno: en mínimos según el World Bank Governance Indicators (de 0,97 en 2018 a 0,75 en 2023).
- Justicia politizada: 66 % de los magistrados del Constitucional han sido cargos políticos.
- Uso abusivo del decreto-ley: Sánchez ha aprobado 155 decretos, más que Felipe González en la mitad de tiempo.
Un país donde el talento y la inversión ya no confían
La Agencia Tributaria, por ejemplo, ha emitido certificados fiscales durante años que ahora desconoce, iniciando inspecciones retroactivas de hasta once años, lo que ha generado una macrocausa de inseguridad jurídica y la huida de inversores internacionales.
Según el World Justice Project, España puntúa solo 0,72 en el índice de respeto al Estado de Derecho. Muy lejos de Suecia (0,85), Dinamarca (0,88) o incluso Estonia (0,81).
